Grundverkehrsgesetz Venezuela
und Entwicklung im Agrarbereich
LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO
Gaceta Oficial Nº 5.991 Extraordinario del 29 de julio de 2010
latifundio = Großgrundbesitz Venezuela Artikel 7
Certificación de Finca Productiva = Zertifikat der Bewirtschaftung eines landwirtschaftlichen Betriebes Artikel 41
Certificación de Finca Mejorable = verbesserungsfähige landwirtschaftliche Grundstücke ab Artikel 49
De la Expropiación Agraria = Enteignung Venezuela ab Artikel 68
DEL IMPUESTO = Steuer Agrargrundstücke Venezuela ab Artikel 97
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DECRETA
LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO
TÍTULOI
DE LAS BASES DEL DESARROLLO RURAL
CapítuloI
Disposiciones Fundamentales
Artículo 1
La presente Ley tiene por objeto establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable; entendido éste como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio y la tercerización como sistemas contrarios a la justicia, la igualdad, al interés general y a la paz social en el campo,asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones.
Artículo 2
Con el objeto de establecer las bases del desarrollo rural sustentable, a los efectos de la presente Ley, queda afectado el uso de todas las tierras públicas y privadas con vocación de uso agrícola. Dicha afectación queda sujeta al siguiente régimen:
1. Tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Tierras (INTI): Serán sometidas a un promedio de ocupación y al estudio, atendiendo a un conjunto de factores determinantes tales como:
a. Plan Nacional de Producción Agroalimentaria.
b. Capacidad de trabajo del usuario.
c. Densidad de población local apta para el trabajo agrario.
d. Condiciones agrológicas de la tierra.
e. Rubros preferenciales de producción.
f. Extensión general de tierras existentes en la zona sujeta al promedio de ocupación.
g. Áreas de reserva y protección de recursos naturales necesarias en la zona.
h. Condiciones de infraestructura existente.
i. Riesgos previsibles en la zona.
j. Los demás parámetros técnicos para el establecimiento del promedio de ocupación que se desarrollen en el Reglamento de la presente Ley y en otros instrumentos normativos.
2. Tierras propiedad de la República:
Quedan sujetas al mismo régimen establecido para lastierras propiedad del Instituto Nacional de Tierras (INTI).
3. Tierras baldías:
Serán objeto de planes especiales de desarrollo socio-económico dentro de un esquema efectivo de producción, garantizando la biodiversidad de los recursos existentes.
4. Tierras baldías en jurisdicción de los Estados y Municipios:
Su administración por parte de los entes correspondientes, queda sometida al régimen de la presente Ley.
Corresponde a los Estados y Municipios el establecimiento de la seguridad agroalimentaria desu respectiva jurisdicción en coordinación con los planes nacionales.
A los efectos de planificar el uso de las tierras cuya administración les corresponda, se tomará como base las necesidades agroalimentarias de los centros urbanos cercanos, considerando su población actual y la necesidad progresiva de sustento de las generaciones futuras.
En la elaboración de dichos planes, los Estados y los Municipios asegurarán la producción básica de los rubros alimenticios fundamentales.
En caso de que las tierras rurales de un Estado o Municipio, por razones agrológicas, carezcan de condiciones para producir los rubros básicos para la seguridad agroalimentaria de las poblaciones que se hallen bajo su jurisdicción, se establecerá un acuerdo de intercambio y distribución con otros Municipios o Estados, por medio de sus órganos competentes.
Cuando los estados o municipios incumplan con el mandato previsto en este artículo, el Ejecutivo Nacional asumirá su cumplimiento.
5. Tierras privadas:
Quedan sujetas al cumplimiento de la función social de la seguridad agroalimentaria de la Nación. En tal sentido, deben someter su actividad a las necesidades de producción de rubros alimentarios de acuerdo con los planes de seguridad agroalimentaria establecidos por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 3
Con el objeto de dar cumplimiento al desarrollo humano y al crecimiento económico establecido en el artículo 1 de la presente Ley, el Ejecutivo Nacional promoverá planes especiales de desarrollo integral para incorporar progresivamente a todas las regiones al desarrollo económico del país, manteniendo igualdad de oportunidades para todas las regiones.
Artículo 4
Las organizaciones colectivas económicas para la producción agrícola se establecerán teniendo como base los principios de mutua cooperación y solidaridad, privilegiando el sistema colectivo, cooperativo, comunitario, consejos de campesinos y campesinas, consejos comunales y cualquier otro tipo de organización colectiva.
En tal sentido, se estructurará el fundo colectivo mediante la organización y destinación de bienes productivos, la organización de personas para el trabajo colectivo y el desarrollo del poder autogestionario de los mismos.
Artículo 5
Las actividades agrarias de mecanización, recolección, transporte, transformación, distribución e intercambio de productos agrícolas, se establecerán en forma autogestionaria y cogestionaria a través de consejos comunales, consejos de campesinos y campesinas, organizaciones cooperativas, comunas y cualquier otro tipo de organización colectiva.
Artículo 6
Los gobiernos regionales deberán establecer en sus jurisdicciones centros de acopio, almacenamiento y mercado de productos agroalimentarios bajo un sistema participativo de libre oferte y demanda.
A los efectos de la presente Ley, se entiende por latifundio toda aquella extensión de tierras que supere el promedio de ocupación de la región o no alcance un rendimiento idóneo del ochenta por ciento (80%).
El rendimiento idóneo responderá a la votación de uso agrícola de la tierra y su capacidad de uso agroproductivo, de acuerdo a planes y políticas del Ejecutivo Nacional, en el marco de un régimen que favorezca el bien común y a la función social.
Asimismo, a los efectos de la presente Ley, se entiende por tercerización toda forma de aprovechamiento de la tierra con vocación de uso agrícola mediante el otorgamiento a un tercero del derecho de usufructo sobre ésta o el mandato de trabajarla, bien sea a través de la constitución de sociedades, arrendamientos, comodatos, cesión de derechos, medianería, aparcería, usufructo o, en general, cualquier forma o negocio jurídico, oneroso o no, con los cuales el que se atribuye la propiedad de la tierra efectúa su aprovechamiento con la intermediación de un tercero, o lo delega en él.
No están comprendidos dentro de la definición establecida en el aparte anterior los contratos celebrados con el objeto de realizar obras de infraestructura, mecanización de suelos, nivelación, riesgo, extracción, fumigación y cualquier otra actividad que sólo pretenda incorporar, reparar o mejorar las condiciones de agrosoporte producto de las tierras.
El latifundio, así como la tercerización, son mecanismos contrarios a los valores y principios del desarrollo agrario nacional y, por tanto, contrarios al espíritu, propósito y razón de la presente Ley.
Artículo 8
Se garantiza al sector campesino su incorporación al proceso productivo a través del establecimiento de condiciones adecuadas para la producción. En tal sentido, se promueve la estructuración de los fundos mediante la adjudicación de las tierras y la destinación de bienes inmuebles, muebles, incluidos los semovientes, al fin productivo de las mismas.
La unidad de producción constituida de acuerdo con los términos de esta Ley será indivisible e inembargable; podrá ser mejorada mediante la incorporación de nuevas técnicas, condiciones de producción, transformación, distribución, comercialización e intercambio de los productos agrícolas.
Artículo 9
El Estado organizará el servicio eficiente del crédito agrario incorporando a las instituciones bancarias y financieras públicas o privadas existentes a dicho servicio, o creando instituciones estatales si fuere necesario.
Los órganos crediticios establecerán un sistema preferencial destinado a la estructuración de fundos por autoconstrucción supervisada.
Artículo 10
A fin de estimular el desarrollo local, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de esta Ley, los municipios coordinarán con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de agricultura y tierras y los entes ejecutores de la Ley, programas de incentivos a la producción y aseguramiento de la distribución e intercambio de productos agrícolas.
Artículo 11
Las parcelas adjudicadas por el Instituto Nacional de Tierras (INTI) pueden ser objeto de garantía crediticia sólo bajo la modalidad de prenda sobre la cosecha, previa aprobación de las Oficinas Regionales de Tierras. Sobre las mismas no podrán constituirse hipotecas o gravámenes de cualquier naturaleza. Debe expedirse por escrito el certificado para constituir prenda agraria.
Artículo 12
Se reconoce el derecho a la adjudicación de tierras a toda persona apta para el trabajo agrícola, en los casos y formas establecidos en esta Ley.
Las tierras propiedad del Instituto Nacional de Tierras (INTI) con vocación de uso agrícola, pueden ser objeto de adjudicación, a través de la cual se otorga al campesino o campesina el derecho de propiedad agraria. En ejercicio de ese derecho, el campesino o campesina podrá usar, gozar y percibir los frutos de la tierra. El derecho de propiedad agraria se transfiere por herencia a los sucesores legales, pero no puede ser objeto de enajenación alguna.
Artículo 13
Son sujetos beneficiarios del régimen establecido en esta Ley, todos los venezolanos y venezolanas que hayan optado por el trabajo rural, especialmente para la producción agrícola y el desarrollo agrario, como oficio u ocupación principal.
La adjudicación de tierras, la garantía de permanencia, el rescate de tierras y la expropiación agraria contenidas en la presente Ley, deben procurar preferentemente el beneficio de los campesinos y campesinas que tengan la voluntad y la disposición para la producción agrícola en armonía con los planes y programas agrarios del Ejecutivo Nacional, en atención a la función social de la tierra con vocación de uso agrícola y al principio socialista según el cual la tierra es para quien la trabaja.
Artículo 14
Son sujetos beneficiarios preferenciales de adjudicación de tierras, las ciudadanas venezolanas que sean jefa de familia que se comprometan a trabajar la tierra para manutención de su grupo familiar e incorporación al desarrollo de su comunidad y de la Nación. A las ciudadanas dedicadas a la producción agrícola se les garantizará subsidio especial alimentario pre y postnatal por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER).
Son también sujetos preferenciales de adjudicación de tierras, los campesinos y campesinas, venezolanos y venezolanas que hubieren permanecido por un período ininterrumpido superior a tres años trabajando tierras privadas, bajo alguna forma de tercerización, cuando éstas fueren expropiadas por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), conforme al procedimiento previsto en la presente Ley.
Igualmente, son sujetos preferenciales de adjudicación de tierras aquellos campesinos y campesinas, venezolanos y venezolanas que sean ocupantes históricos de las tierras que trabajan en condiciones de ocupación precaria.
Artículo 15
La incorporación al proceso productivo de los sujetos beneficiados de esta Ley, garantizará:
1. El derecho a ser adjudicatario de una parcela para la producción agrícola.
2. El derecho a ser usufructuarios de una parcela para la producción agrícola, así como de los bienes destinados a la estructuración del fundo con fines productivos.
3. El acceso a los germoplasmas necesarios para establecer las plantaciones.
4. Un seguro de producción contra catástrofes naturales.
5. El establecimiento efectivo de las condiciones mínimas para el desarrollo integral de su persona y dignidad, así como para el eficaz goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.
Artículo 16
El trabajador o trabajadora agrícola gozará de todos los beneficios previstos en la Ley Orgánica del Trabajo y participará al final de cada ciclo agrícola permanente o recolección de cosecha, de utilidades sobre la venta del producto.
Artículo 17
Dentro del régimen del uso de tierras con vocación para la producción agrícola que permita alcanzar la soberanía alimentaria, se garantiza:
1. La permanencia de los grupos de población asentados en las tierras que han venido ocupando.
2. La permanencia de los pequeños y medianos productores agrarios en las tierras que han venido ocupando de forma pacífica e ininterrumpida superior a tres años.
3. La permanencia de los grupos organizados para el uso colectivo de la tierra, así como los sistemas colectivos, cooperativos, comunitarios, consejos de campesinos y campesinas, consejos comunales y cualquier otro tipo de organización colectiva en las tierras ocupadas con fines de uso agrícola.
4. La permanencia de los campesinos y campesinas en las tierras privadas que trabajan, aun cuando no sean de su propiedad, si dicho trabajo es realizado con ocasión de la constitución de sociedades, contratos de mandato, arrendamiento, comodato, cesión de derechos, medianería, aparcería, usufructo o, en general, cualesquiera formas o negocios jurídicos efectuados con quien se atribuya la propiedad de las tierras, por un período mínimo ininterrumpido de tres años.
5. A todos los campesinos y campesinas, el derecho fundamental a generar su bienestar; y en tal sentido no podrán ser desalojados de ninguna tierra que ocupen con fines de obtener una adjudicación o garantía de permanencia sin que se cumpla previamente con el debido proceso administrativo por ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI).
6. A los pescadores y pescadoras artesanales y acuicultores y acuicultoras el goce de los beneficios establecidos en esta Ley.
7. La protección de la cultura, el folklore, la artesanía, las técnicas ancestrales de cultivo, las costumbres, usos y tradición oral campesinos, así como la biodiversidad del hábitat.
8. De manera preferente a los ciudadanos nacidos y ciudadanas nacidas y residentes en zonas rurales, con una edad comprendida entre dieciocho y veinticinco años, el acceso a una parcela productiva agraria, o a un fundo estructurado para asegurar la sustentabilidad humana del desarrollo agrario.
Parágrafo Primero:
La garantía de permanencia otorgada por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), es de carácter estrictamente personal, y las tierras agrícolas en ella comprendidas sólo podrán ser aprovechadas por el titular del acto que al efecto fuere dictado, o sus familiares directos, salvo autorización expresa del mencionado Instituto.
Parágrafo Segundo:
La garantía de permanencia puede declararse sobre las tierras determinadas en el artículo 2 de la presente Ley, y deberá ser declarada mediante acto dictado por el Instituto Nacional de Tierras (INTI). El acto que declare, niegue o revoque la garantía de permanencia agota la vía administrativa; contra el mismo podrá interponerse recurso contencioso administrativo de nulidad, dentro de los treinta días continuos siguientes por ante el Tribunal Superior Agrario competente por la ubicación de las tierras ocupadas.
Parágrafo Tercero:
En cualquier estado y grado del proceso judicial de que se trate, puede consignarse el acto dictado por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), que dé inicio al procedimiento para la declaratoria de la garantía de permanencia, o el acto definitivo que la declara, debiendo el juez o jueza de la causa abstenerse de practicar cualquier medida de desalojo en contra de los sujetos beneficiarios de dicha garantía.
Parágrafo Cuarto:
El acto que niegue o declare la garantía de permanencia basado en falsos supuestos de hecho será sometido a la revisión correspondiente por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI), pudiendo éste ratificar, revocar o corregir dicho acto.
La petición de desalojo por la parte interesada deberá llevarse a cabo por ante el órgano jurisdiccional competente.
Parágrafo Quinto:
A los efectos de la aplicación del numeral cuarto del presente artículo, quien invoque el beneficio en él establecido, deberá demostrar fehacientemente ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI), que ha permanecido por un período ininterrumpido superior a los tres años ejerciendo la actividad agrícola en las tierras privadas sobre las cuales pretende se le otorgue la garantía de permanencia, independientemente de que exista o no una contraprestación como resultado de su relación, contrato o negocio jurídico con el legítimo propietario.
Una vez otorgada la garantía de permanencia a favor del solicitante, con fundamento en dicho numeral cuarto, cesarán los efectos de las sociedades contratos o negocios jurídicos celebrados con el legítimo propietario de la tierra privada, el cual perderá todo derecho a los frutos, utilizados o beneficio del trabajo de dicha tierra por parte del beneficiario de la garantía de permanencia.
Artículo 18
Los arrendatarios, medianeros y pisatarios y aparceros, que cultiven pequeños lotes en tierras denunciadas o señaladas como ociosas o de uso no conforme, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la presente Ley, tienen derecho a permanecer en ellas durante el procedimiento de rescate de las tierras o durante el procedimiento de expropiación hasta que el Instituto Nacional de Tierras (INTI), decida acerca de la adjudicación de las tierras que ocupan o su reubicación en otras de iguales o mejores condiciones.
Artículo 19
Se reconoce el conuco como fuente histórica de la biodiversidad agraria. El Ejecutivo Nacional promoverá, en aquellas áreas desarrolladas por conuqueros y conuqueras, la investigación y la difusión de las técnicas ancestrales de cultivo, el control ecológico de plagas, las técnicas de preservación de suelos y la conservación de los germoplasmas en general.
Artículo 20
Se garantiza la permanencia de los conuqueros y conuqueras en las tierras por ellos cultivadas y tendrán derecho preferente de adjudicación en los términos de la presente Ley.
Artículo 21
Las superficies solicitadas por las municipalidades o estados, para el ensanche urbano o industrial, sólo podrán ser desafectadas mediante Decreto dictado por el Presidente de la República previa presentación de un proyecto de desarrollo, un estudio de impacto ambiental y el establecimiento de una cláusula de fiel cumplimiento, a fin de estudiar la procedencia o no de la desafectación.
Artículo 22
Para la ejecución de sus competencias, los organismos agrarios actuarán conforme a los principios constitucionales de la seguridad alimentaria, utilidad pública y función social de la tierra, el respeto de la propiedad privada, la promoción y protección de la función social de la producción nacional, la promoción de la independencia y soberanía agroalimentaria de la nación, el uso racional de las tierras y los recursos naturales y la biodiversidad genética.
Artículo 23
Los jueces y juezas competentes de la jurisdicción agraria, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) y cualquiera de los órganos agrarios, podrán desconocer la constitución de sociedades, la celebración de contratos y, en general, la adopción de formas y procedimientos jurídicos, cuando sean realizados con el propósito de efectuar fraude a las normas contenidas en la presente Ley.
Igualmente sobre aquéllos que se les pretenda usar para efectuar similar fraude, aun cuando se hubieren celebrado con anterioridad.
Los hechos, actos o negocios jurídicos simulados o realizados con la intención de efectuar fraude a la presente Ley, no impedirán la aplicación de la norma evadida o eludida, ni darán lugar a los beneficios o ventajas que se pretendan obtener con ellos.
Capítulo II
Régimen de Uso de Aguas
Artículo 24
El uso y racional aprovechamiento de las aguas susceptibles de ser usadas con fines de regadío agrario y planes de acuicultura, quedan afectados en los términos señalados en la presente Ley. El Instituto Nacional de Tierras (INTI), levantará el censo de aguas con fines agrarios.
Artículo 25
Además del uso de riego, doméstico y agroindustrial, se destinan al fomento de la acuicultura las aguas de uso agrario. El Instituto Nacional de Tierras (INTI), promoverá la construcción de obras de infraestructura destinadas a extender las hectáreas de tierras bajo regadío.
Corresponderá al Instituto Nacional de Tierras (INTI), la conformación de una comisión permanente coordinadora del régimen de uso de las aguas con fines agrarios, en la cual deberán participar los organismos y entes que tengan competencia en la materia.
Artículo 26
A los fines de la utilización común de las aguas, los beneficiarios o beneficiarias de esta Ley establecerán formas de organización local. El Reglamento de la presente Ley desarrollará su creación, forma y funcionamiento.
Capítulo III
Del Registro Agrario
Artículo 27
Sin perjuicio del catastro previsto en la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional, se crea el registro agrario, como una oficina dependiente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), que tendrá por objeto el control e inventario de todas las tierras con vocación de uso agrario.
El mismo comprenderá:
1. La información jurídica:
en el cual se consignen los respectivos títulos suficientes de las tierras con vocación de uso agrícola.
2. La información física:
en el cual se consignen los planos correspondientes a las tierras con vocación de uso agrícola.
3. La información avaluatoria:
en el cual se consigne un informe de la infraestructura de las aguas, bosques, vías de comunicación, las condiciones existentes en el fundo y la existencia de recursos naturales en el área.
El Instituto Nacional de Tierras (INTI), podrá transferir al Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, el registro previsto en este artículo
Artículo 28
A los fines del artículo anterior, los propietarios u ocupantes de las tierras con vocación de uso agrario, deberán inscribirse por ante las oficinas de registro de tierras del Instituto Nacional de Tierras (INTI), el cual les expedirá la certificación.
El Instituto Nacional de Tierras (INTI), determinará el valor de las tierras, dependiendo de su vocación agrícola, y demás condiciones existentes.
Artículo 29
El Instituto Nacional de Tierras (INTI), a través de sus oficinas de registro agrario de tierras, efectuará progresivamente el análisis documental, el examen de los planos, estableciendo el control geodésico a través de los datos aportados por la oficina que lleve el Catastro Nacional, en cartas bases topográficas aéreas y enlace a coordenadas U.T.M.
Artículo 30
La información geográfica se llevará a través de planos parcelados levantados a escala adecuada.
El Instituto Nacional de Tierras (INTI), expedirá la Carta de Inscripción, la cual debe acompañarse al registro del título.
Artículo 31
El Instituto Nacional de Tierras (INTI) en el Registro Agrario llevará un inventario de las aguas y de las tierras con vocación de uso agrícola disponibles para su desarrollo. A tal efecto los consejos comunales participarán activamente en el levantamiento de la información a ser empleada para la formación, actualización y control del Registro Agrario, así como el establecimiento de las normas de obligatorio cumplimiento para la validez y eficacia de la misma.
El ejercicio de la participación establecida para los consejos comunales, deberá efectuarse en coordinación con el Instituto Nacional de Tierras (INTI), el cual dictará las normas necesarias para su implantación y proveerá la capacitación de los y las integrantes del consejo comunal que ejecutarán las actividades de levantamiento de información.
Artículo 32
El Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar brindará al Instituto Nacional de Tierras (INTI), el apoyo técnico que éste requiera a los fines del registro agrario previsto en esta Ley.
El Instituto Nacional de Tierras (INTI), remitirá periódicamente al Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, la información en materia de registro de tierras agrarias.
Artículo 33
En todo lo no previsto en este Capítulo se aplicará la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional, en cuanto fuere aplicable.
TÍTULO II
DE LA AFECTACIÓN DE USO Y REDISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 34
Con el objeto de establecer las bases del desarrollo rural, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), adoptará las medidas que estime pertinentes para la transformación de todas las tierras con vocación de uso agrícola en unidades productivas bajo modalidades organizativas diversas, privilegiando las de propiedad social. En cumplimiento de este mandato, podrá rescatar toda tierra de su propiedad, o del dominio de la República, institutos autónomos, corporaciones, empresas del Estado, fundaciones o cualquier entidad de carácter público nacional, incluso baldíos nacionales que se encuentren ociosas o de uso no conforme.
En aquellas zonas sometidas a un régimen de administración especial, adoptará las medidas que estime pertinentes en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia ambiental.
Parágrafo único.
En lo relativo a las tierras y hábitat de los pueblos y comunidades indígenas, se aplicará lo establecido en la ley orgánica que rige la materia.
CapítuloII
De la Declaratoria de Tierras Ociosas o de uso no conforme
Artículo 35
Cualquier ciudadano o ciudadana podrá presentar denuncia motivada ante la respectiva Oficina Regional de Tierras, cuando tenga conocimiento sobre la existencia de tierras ociosas o de uso no conforme. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia, la respectiva Oficina Regional de Tierras, tomando en consideración la fundamentación de la misma, decidirá sobre la apertura de una averiguación y ordenará la elaboración de un informe técnico.
Se considera ociosas, a los fines de esta Ley, las tierras con vocación de uso agrícola que no estén siendo desarrolladas bajo ninguna modalidad productiva agrícola, pecuaria, acuícola ni forestal y aquéllas en las cuales se evidencie un rendimiento idóneo menor al ochenta por ciento (80%). El rendimiento idóneo se calculará de acuerdo con los parámetros establecidos en la presente Ley o, a los planes nacionales de seguridad agroalimentaria.
Se consideran de uso no conforme, a los fines de esta Ley:
1. Las tierras cuya utilización resulte contraria a los planes nacionales de desarrollo y seguridad agroalimentaria.
2. Las tierras en las que se realicen actividades agrícolas distintas a las que corresponda según la clasificación de los suelos establecida para cada rubro.
3. Las tierras aprovechadas a través de la tercerización.
4. Aquellas tierras que se encuentren dentro del área de influencia de proyectos agroproductivos o agroecológicos de carácter estratégico desarrollados por el Ejecutivo Nacional, cuando su uso sean contrarios a los objetivos del respectivo proyecto.
Artículo 36
La apertura de la averiguación podrá ser igualmente acordada de oficio por la respectiva Oficina Regional de Tierras, cuando exista presunción de que determinadas tierras se encuentran ociosas o de uso no conforme. En ese caso, la Oficina Regional de Tierras ordenará la elaboración de un informe técnico.
Artículo 37
Si del informe técnico se desprendieran elementos que hagan inferir que las tierras analizadas se encuentran ociosas o de uso no conforme, la respectiva Oficina Regional de Tierras dictará un auto de emplazamiento, el cual especificará con la mayor exactitud los linderos de las tierras objeto de la averiguación, identificará al denunciante si lo hubiere y, de ser posible, a quien se atribuya la propiedad de las mismas y a cualquier otra persona que pudiera tener interés en el asunto.
En el mismo auto se ordenará publicar en la Gaceta Oficial Agraria y en un diario de mayor circulación regional, un cartel mediante el cual se notificará al ocupante de las tierras, si se conociere, y a cualquier otro interesado, para que comparezcan por ante la Oficina Regional de Tierras correspondiente y expongan las razones que les asistan en la defensa de sus derechos e intereses, dentro del plazo de ocho días hábiles, entendiéndose por notificados quince días después de la publicación del referido cartel.
Contra el auto que niegue la apertura de la averiguación o niegue la necesidad de emplazar a los interesados, podrá interponerse recurso por ante el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), dentro de los tres días hábiles siguientes a la negativa.
Artículo 38
Si el emplazado pretende desvirtuar el carácter de ociosa o uso no conforme de una tierra, deberá oponer las razones que le asistan cumpliendo los requerimientos del artículo 42 de la presente Ley. En este caso, la Oficina Regional de Tierras remitirá las actuaciones al Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), para que decida lo conducente.
En la decisión que dicte el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), se establecerá la declaratoria de las tierras como ociosas o de uso no conforme, o se otorgará el certificado de finca productiva, según corresponda.
En caso de que el emplazado convenga en reconocer el carácter de ociosa o de uso no conforme de las tierras y opte por solicitar la certificación de finca mejorable, deberá interponer su petición de conformidad con lo previsto en el artículo 49 y siguientes de la presente Ley. En este caso, la Oficina Regional de Tierras remitirá las actuaciones al Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), para que decida, declarando las tierras como ociosas o de uso no conforme u otorgando el beneficio solicitado.
En caso de que el emplazado no comparezca, la Oficina Regional de Tierras procederá a la declaratoria de la tierra como ociosa o de uso no conforme y remitirá las actuaciones al Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI).
Artículo 39
El Instituto Nacional de Tierras (INTI), podrá iniciar el procedimiento de rescate de las tierras u ordenar la apertura de un procedimiento expropiatorio, según los casos, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 40
El acto que declare las tierras como ociosas o de uso no conforme agota la vía administrativa.
Deberá notificarse a quien se atribuya la propiedad de las tierras y a los interesados que se hayan hecho parte en el procedimiento, mediante publicación en la Gaceta Oficial Agraria y de un cartel en un diario de mayor circulación regional, indicándose que contra el mismo podrá interponerse recurso contencioso administrativo de nulidad, dentro de un lapso de sesenta días continuos por ante el Tribunal Superior Agrario competente por la ubicación del inmueble.
Certificación de Finca Productiva
Artículo 41
Los propietarios u ocupantes de tierras con vocación de uso agrícola que se encuentren en producción, deberán solicitar por ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI), un certificado de finca productiva, siempre y cuando esté ajustada a los planes de seguridad alimentaria establecidos por los organismos competentes. En dicho certificado, el Instituto hará constar la extensión de las tierras de que se trate, la calidad de la tierra, los rubros de producción y demás elementos que permitan determinar la productividad de las mismas.
Artículo 42
La solicitud a que se refiere el artículo anterior deberá contener la identificación del solicitante y la identificación de la extensión de la finca cuya certificación se solicita, con expreso señalamiento de sus linderos. A dicha solicitud deberán anexarse los siguientes recaudos:
1. Estudio técnico que determine la productividad de las tierras de que se trate.
2. Estudio técnico que determine el ajuste de las tierras a los planes y lineamientos establecidos por el Ejecutivo Nacional, a través del Instituto Nacional de Tierras (INTI).
3. Propuestas de adaptación a los planes y lineamientos establecidos por el Ejecutivo Nacional, cuando las tierras no se encuentren ajustadas a esos planes.
4. Información sobre la situación socioeconómica del propietario u ocupante.
5. Copia certificada de los documentos o títulos suficientes que acrediten la propiedad o la ocupación.
6. Constancia de Inscripción en el Registro Agrario.
7. Cualquier otra documentación que estime pertinente a los fines de ilustrar el criterio del Instituto Nacional de Tierras (INTI).
Artículo 43
Dentro de los treinta días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), constatará la veracidad del estudio técnico y demás recaudos presentados por el solicitante.
En caso de ser necesario, podrá realizar los estudios complementarios que estime pertinentes.
Artículo 44
Finalizado el lapso, si es procedente, se expedirá la certificación de finca productiva.
Artículo 45
La certificación de finca productiva tendrá una validez de dos años contados a partir de su n expedición, pudiendo ser renovada.
Artículo 46
El Instituto Nacional de Tierras (INTI), llevará registro de las tierras a las cuales se otorgue la certificación de finca productiva.
Artículo 47
Si del análisis de la situación y de la documentación, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), declara que la tierra cuya certificación se solicita no es una finca productiva, le concederá al solicitante un lapso de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación, para que solicite la certificación de finca mejorable. Si el propietario u ocupante no hiciere la solicitud en el plazo indicado, las tierras podrán ser objeto de expropiación o rescate, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.
Artículo 48
En todo caso, una vez otorgada la certificación de finca productiva, queda a salvo el ejercicio de todas las competencias que la presente Ley atribuye a los órganos agrarios.
CapítuloIV
Certificación de Finca Mejorable (verbesserungsfähig)
Artículo 49
Los propietarios u ocupantes de tierras con vocación de uso agrícola que no se encuentren productivas o se encuentren infrautilizadas; deben solicitar por ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI), un certificado de finca mejorable, por el cual se comprometan a efectuar el mejoramiento y adaptación de su propiedad durante un término perentorio de dos años, de acuerdo con los planes y lineamientos que el Ejecutivo Nacional determine a través del Instituto Nacional de Tierras (INTI). Dicho término se computará a partir de la expedición de la certificación correspondiente.
Si en el transcurso de los dos años antes referidos, el propietario no ha dado cumplimiento a lo establecido en la certificación, o lo ha hecho sólo parcialmente, comenzará a causarse el impuesto respectivo por cada hectárea de tierra ociosa o inculta. Igualmente, la tierra en cuestión podrá ser rescatada o expropiada.
Artículo 50
La solicitud a que se refiere el artículo anterior deberá contener identificación del solicitante, así como la plena y suficiente identificación de la extensión del terreno cuya certificación se solicita, con expreso señalamiento de sus linderos. A dicha solicitud deberán anexarse los siguientes recaudos:
1. Manifestación de voluntad contentiva del compromiso de mejorar la finca conforme a los planes y lineamientos que determine el Ejecutivo Nacional a través del Instituto Nacional de Tierras (INTI).
2. Información de la situación socioeconómica del propietario u ocupante.
3. Copia certificada de los documentos o títulos suficientes que acrediten la propiedad o la ocupación.
4. Proyecto de mejoramiento ajustándose a los planes del Ejecutivo Nacional.
5. Cualquier otra documentación que se estime pertinente a los fines de ilustrar el criterio del Instituto.
Artículo 51
Dentro de los treinta días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), evaluará la misma. Vencido dicho lapso, de ser ello procedente, expedirá la certificación de finca mejorable. En dicha certificación se determinará el programa de mejoramiento y adaptación a los planes y lineamientos determinados previamente por el Ejecutivo Nacional a través del Instituto.
Artículo 52
De no resultar procedente la certificación de finca mejorable, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), procederá a declarar a las tierras como ociosas o incultas, en cuyo caso se generará el impuesto correspondiente.
Artículo 53
La certificación de finca mejorable tendrá una validez de dos años contados a partir de su expedición.
Artículo 54
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otro hecho no imputable al propietario u ocupante, éste haya incumplido con el programa de mejoramiento de la finca, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), podrá renovar la validez de la certificación de finca mejorable, por un lapso de dos años, prorrogable, tomando en consideración las circunstancias del caso.
Artículo 55
Vencido el plazo de validez de la certificación de finca mejorable, el propietario deberá solicitar la certificación de finca productiva de conformidad con las previsiones de la presente Ley.
Artículo 56
El Instituto Nacional de Tierras (INTI), llevará registro de las tierras a las cuales se otorgue la certificación de finca mejorable.
Artículo 57
Cuando el Instituto Nacional de Tierras (INTI), determine que después de transcurrido un año, el propietario u ocupante del terreno calificado como finca mejorable no ha iniciado los trabajos conducentes a hacerla productiva, podrá revocar la certificación otorgada y declarar la tierra ociosa o inculta. A tal fin, procederá al emplazamiento del interesado para que dentro de un lapso de diez días hábiles, proceda a exponer las razones que le asistan en su descargo.
Artículo 58
Sin perjuicio del otorgamiento del Certificado de Finca Productiva o del Certificado de Finca Mejorable, el Estado se reserva el derecho a la expropiación por causa pública o social cuando sea necesario establecer un proyecto especial de producción o uno ecológico, o cuando exista un grupo poblacional apto para el trabajo agrario que no posea tierras o las tenga en cantidades insuficientes.
CapítuloV
De la Adjudicación de Tierras = verteilung / Zuschlag von Grundstücken
Artículo 59
A los fines de la adjudicación de tierras, los interesados formularán una solicitud, la cual deberá estar acompañada de los siguientes recaudos:
1. Manifestación de voluntad contentiva del compromiso de trabajo de la tierra a adjudicar.
2. Identificación completa del solicitante, indicando nombre y apellido, número de cédula de identidad, lugar y fecha de nacimiento.
3. Ocupación y número de personas que constituyan el grupo familiar.
4. Declaración jurada de no poseer otra parcela.
5. Cualquier otro dato que estimare conveniente para ilustrar el criterio del Instituto.
6. En caso de ser poseedor de una parcela insuficiente, expresará las condiciones y características de las misma.
Artículo 60
Recibida la solicitud y sus recaudos, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), procederá a instruir un expediente que contenga:
1. Los datos del solicitante señalados en el artículo anterior.
2. La identificación del terreno cuya adjudicación solicita con su respectivo protocolo.
3. La delimitación de la parcela solicitada.
4. El estudio socioeconómico del solicitante.
5. La documentación de la cual se evidencie la condición de ciudadana cabeza de familia o ciudadano o ciudadana mayor de 18 años y menor de 25, a los efectos de la aplicación de los regímenes preferenciales aludidos en los artículos 14 y 17, numeral 7 de la presente Ley.
Artículo 61
Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, el Instituto decidirá si procede o no la adjudicación de tierras.
Artículo 62
En el acto en que se decida otorgar la adjudicación de tierras, el Instituto deberá determinar, con base en los planes de desarrollo del Ejecutivo Nacional, cuál es el proyecto de producción de la parcela adjudicada.
Artículo 63
La decisión que acuerde o no la adjudicación de tierras, deberá ser publicada en la Gaceta Oficial Agraria y en un diario de mayor circulación regional. Este acto agota la vía administrativa.
Artículo 64
Los usufructuarios de un fundo estructurado, que hayan mantenido su eficiencia productiva por un término no menor de tres años consecutivos, tendrán derecho a recibir título de adjudicación de tierras, sólo transferible por herencia a sus descendientes o en su defecto a sus colaterales. Dichos fundos no podrán ser objeto de enajenación.
Artículo 65
Sobre la parcela y la estructura productiva queda excluida cualquier negociación a terceros no autorizada por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), a través de acta de transferencia.
En el acta respectiva, el sujeto beneficiario de la transferencia deberá comprometerse a mantener la eficiencia productiva del fundo estructurado por un término no menor de tres años, al cabo de los cuales podrá ser beneficiario de título de adjudicación de tierras.
Artículo 66
Se considera título de adjudicación de tierras, el documento emanado del Instituto Nacional de Tierras (INTI), mediante acto administrativo, a través del cual se transfiere la posesión legítima de las tierras productivas ocupadas y trabajadas por el adjudicatario, que le confiere el derecho a transferir, por herencia el goce y disfrute de las mismas.
Los derechos emanados del título de adjudicación de tierras no podrán ser enajenados.
Artículo 67
El Instituto Nacional de Tierras (INTI), podrá revocar la adjudicación otorgada, cuando el adjudicatario no haya cumplido con el compromiso de trabajo de la tierra.
De la Expropiación Agraria
Artículo 68
A los fines de la presente Ley, se declaran de utilidad pública o interés social, las tierras con vocación de uso agrícola, las cuales quedan sujetas a los planes de seguridad agroalimentaria de la población, conforme a lo previsto en el artículo 305 de la Constitución de la República.
Artículo 69
De igual manera, se declara de utilidad pública e interés social, a los efectos de la presente Ley, la eliminación del latifundio como contrario al interés social en el campo, conforme a lo previsto en el artículo 307 de la Constitución de la República. En tal sentido, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), procederá a la expropiación de las tierras privadas que fueren necesarias para la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola, para asegurar su potencial agroalimentario, quedando subrogado en todos los derechos y obligaciones que de conformidad con esta Ley puedan corresponder a la República.
Artículo 70
Para llevar a efecto la expropiación prevista en esta Ley se requiere Resolución del Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI) mediante la cual se acuerda el inicio del procedimiento de expropiación, contentiva de:
1. Las razones que justifiquen que la expropiación a efectuarse es necesaria para la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola, a fin de asegurar su potencial agroalimentario.
2. Identificación del área objeto de expropiación.
La Resolución prevista en este artículo deberá publicarse en la Gaceta Oficial Agraria y en un diario de mayor circulación regional.
Artículo 71
Establecido el plan de desarrollo sustentable a ejecutar en el fundo objeto de expropiación, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), procederá a emplazar por edicto a todos los ciudadanos y ciudadanas que pretendan algún derecho sobre el mismo, para que comparezcan en un término de diez días hábiles luego de la publicación del último edicto, a fin de agotar la vía amistosa de negociación.
Artículo 72
Los edictos se publicarán por dos veces con intervalos de cinco días continuos entre una y otra publicación, en la Gaceta Oficial Agraria, en un diario de mayor circulación nacional y en un diario de mayor circulación regional.
Artículo 73
El propietario del fundo o cualquier ciudadano o ciudadana con derechos sobre el mismo, comparecerá por ante el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), a fin de establecer la negociación amistosa.
Artículo 74
En el mismo acto de comparecencia deberá presentar un expediente particular conformado por:
1. Título suficiente de propiedad.
2. Certificación de gravamen de los últimos diez años.
3. Plano de mesura del fundo a escala adecuada.
4. Inventario de bienhechurías existentes en el fundo.
5. Autorización para efectuar avalúo del fundo.
Artículo 75
La negociación amistosa se realizará en un término no mayor de quince días hábiles, contados a partir del vencimiento del lapso establecido en el artículo 71 de la presente Ley. De la misma se levantará acta definitiva suscrita por las partes negociadoras, debidamente identificadas y autorizadas. Culminada la negociación se presentará ante el Tribunal Superior Agrario Regional correspondiente, a fin de proceder a la ejecución voluntaria de la ocupación previa y continuar ante este órgano la tramitación de la homologación correspondiente.
Artículo 76
En caso de no lograrse una negociación favorable, o cuando ningún ciudadano o ciudadana compareciere a la negociación amistosa alegando tener derechos sobre el inmueble, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), iniciará el procedimiento de expropiación forzosa.
Artículo 77
A los efectos de expropiar forzosamente el inmueble, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), hará la correspondiente solicitud de expropiación por ante el Tribunal Superior Regional Agrario que resulte competente por la ubicación del inmueble, remitiéndole el expediente respectivo.
Artículo 78
Formulada la solicitud de expropiación, el Tribunal ordenará notificar mediante edicto a todos los ciudadanos y ciudadanas que pretendan derecho sobre el inmueble, para que comparezcan a dar contestación a la solicitud de expropiación, en un término de quince días hábiles luego de la publicación del último edicto, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la presente Ley.
Artículo 79
Si durante el lapso de la contestación a la solicitud de expropiación se formula oposición a la misma, vencido el lapso de comparecencia, se abrirá un lapso de cinco días hábiles para promover pruebas y quince días hábiles para evacuarlas. Finalizado este último, las partes podrán consignar informes dentro de los tres días hábiles siguientes.
Artículo 80
El Tribunal deberá pronunciarse sobre la solicitud dentro de los veinte días hábiles siguientes al vencimiento de la oportunidad de informes. Igualmente, la causa entrará en estado de sentencia cuando vencido el lapso para el emplazamiento, el interesado no hubiese comparecido a dar contestación.
Artículo 81
En todo lo no previsto en el presente Capítulo, se aplicará supletoriamente la normativa reguladora de la expropiación por causa de utilidad pública o interés general.
CapítuloVII
Del Procedimiento del Rescate de las Tierras
Artículo 82
El Instituto Nacional de Tierras (INTI), tiene derecho a rescatar las tierras de su propiedad o que estén bajo su disposición que se encuentren ocupadas ilegal o ilícitamente. A esos fines iniciará de oficio o por denuncia, el procedimiento de rescate correspondiente, sin perjuicio de las garantías establecidas en los artículos 17, 18 y 20 de la presente Ley.”
Asimismo, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), podrá rescatar las tierras aun en los casos en que la propiedad sea atribuida a particulares, cuando al efectuar el análisis documental de los títulos suficientes que fueran requeridos a aquél que se atribuye el derecho de propiedad, éste no lograre demostrar una perfecta secuencia y encadenamiento de las titularidades del dominio y demás derechos alegados, desde el desprendimiento válidamente otorgado por la Nación venezolana, hasta el título debidamente protocolizado de adquisición por parte de quien alega propiedad.
Queda a salvo, en todo caso, los recursos administrativos y acciones judiciales que pudieran corresponder al efecto.
Se consideran desprendimientos válidamente otorgados por la Nación venezolana los siguientes:
1. Las ventas puras y simples perfectas e irrevocables realizadas por el extinto Instituto Agrario Nacional (IAN) a favor de un particular (persona natural o jurídica) siempre que se corresponda con las Resoluciones del Directorio del Instituto Agrario Nacional (IAN).
2. Las adjudicaciones de tierras realizadas por los Ministerios de Fomento, Agricultura y Cría, Secretaría de Hacienda, Ministerios de Agricultura, Industria y Comercio, a favor de un particular o colectivos. Para que las mismas surtan plenos efectos jurídicos deben constar en la memoria y cuenta del ministerio respectivo o en la Gaceta Oficial de la República. Así como las adjudicaciones de tierras otorgadas por los Presidentes de los Estados de la Federación, de acuerdo a lo establecido en la Resolución del 13 de mayo de 1891.
3. Los haberes militares, siendo éstos las adjudicaciones de tierras baldías o confiscadas a los emigrantes españoles que se otorgaron a los militares patriotas como recompensa por su participación en la guerra de independencia contra el imperio español, como un proceso de titulación, en tanto constituía una transferencia del derecho de propiedad sobre terrenos que pertenecían al Estado.
4. Los títulos otorgados por la Corona Española, bien sea bajo la figura de Merced, por Composición o Cédulas Reales. En el caso de los Títulos de Composición deben encontrarse debidamente convalidados por las Leyes Republicanas.
5. Los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales tales como las Sentencias de Reivindicación, Juicios de certeza de Propiedad y Prescripción Adquisitiva, declaradas definitivamente firmes, con autoridad de cosa juzgada.
6. Las ventas realizadas por entes gubernamentales con capital suscrito por la Nación debidamente validadas por la Procuraduría General de la República.
Artículo 83
Cuando la ocupación ilegal o ilícita ocurra sobre tierras baldías nacionales o fundos rústicos con vocación de uso agrícola de dominio de la República, institutos autónomos, corporaciones, empresas del Estado, fundaciones o cualquier entidad de carácter público nacional, deberán trasladar la propiedad o bien autorizar la disposición de las mismas al Instituto Nacional de Tierras (INTI), a fin de que éste realice el correspondiente rescate.
Artículo 84
El procedimiento previsto en el presente capítulo no se aplicará a las tierras que se encuentren en condiciones de óptima producción con fines agrícolas, en total adecuación a los planes y lineamientos establecidos por el Ejecutivo Nacional, y que no exceda de dos unidades del promedio de ocupación establecido en la zona por el Instituto Nacional de Tierras (INTI).
No obstante, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), podrá rescatar aquellas tierras que se encuentren dentro del área de influencia de proyectos agroproductivos o agroecológicos de carácter estratégico desarrollados por el Ejecutivo Nacional y cuando circunstancias excepcionales de interés social o utilidad pública así lo requieran.
Artículo 85
Dictado el acto de inicio de procedimiento para el rescate de las tierras, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), ordenará la elaboración de un informe técnico y, en ejercicio del derecho de rescate sobre las tierras de su propiedad, podrá dictar medidas cautelares de aseguramiento de la tierra susceptible de rescate, siempre que éstas guarden correspondencia con la finalidad del rescate de la tierra, sean adecuadas y proporcionales al caso concreto y al carácter improductivo o de uso no conforme de la tierra.
Toda medida cautelar dictada de conformidad con el presente artículo deberá ser notificada personalmente a los ocupantes afectados directamente por la misma en el acto de su ejecución. En caso de no poder practicarse la notificación personal en dicho acto, se continuará con su ejecución y se ordenará fijar en la entrada de la finca la respectiva boleta, en cuyo caso, se considerará notificado. Si aún así no fuese posible practicar la notificación se ordenará la publicación en la Gaceta Oficial Agraria y de un cartel de notificación en un diario de mayor circulación regional. En todo caso, los ocupantes afectados directamente podrán ejercer los recursos consagrados en la ley. Las formas de notificación establecidas en este artículo podrán aplicarse a todos los procedimientos administrativos previstos en la presente Ley.
La medida cautelar de aseguramiento de la tierra susceptible de rescate, deberá establecer el tiempo de duración de la misma y la garantía del ejercicio del derecho de permanencia de los sujetos referidos en los artículos 17, 18 y 20 de la presente Ley.
El procedimiento previsto en el presente capítulo tiene carácter autónomo; en consecuencia, para iniciarlo no será necesario agotar ningún acto previo.
Artículo 86
A los efectos de esta Ley, la ocupación ilegal o ilícita de tierras con vocación de uso agrícola, no genera ningún derecho; por tanto, la administración agraria no estará obligada a indemnizar a los ocupantes ilegales o ilícitos de las tierras con vocación de uso agrícola susceptibles de rescate, por concepto de bienhechurías que se encuentren en dichas tierras.
Artículo 87
Queda por cuenta del ocupante ilegal o ilícito el pago de los gastos que se generen con el objeto de revertir los daños que se hayan ocasionado a los recursos naturales.
Artículo 88
El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ambiente prestará asistencia al Instituto Nacional de Tierras (INTI), a los fines de determinar los daños al medio ambiente y a los recursos naturales.
Artículo 89
En todo caso, cuando las bienhechurías inmobiliarias destinadas a la vivienda del ocupante no afecten el proyecto de desarrollo establecido en la zona, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), podrá convenir en adjudicar al ocupante precario el lote al cual correspondan dichas bienhechurías, ajustándose al promedio de ocupación de la zona.
Artículo 90
El auto que ordene la apertura del procedimiento, identificará las tierras objeto de rescate y al ocupante ilegal o ilícito de las mismas, si fuere posible.
Artículo 91
En el mismo auto se ordenará la notificación del acto administrativo en el cual se le indicará a los ocupantes de las tierras, si se conociere su identidad, y a cualquier otro interesado, para que comparezcan ante la Oficina Regional de Tierras correspondiente y expongan las razones que les asistan, y presenten los documentos o títulos suficientes que demuestren sus derechos, dentro del plazo de ocho días hábiles contados a partir de la respectiva notificación.
Asimismo, se ordenará su publicación en la Gaceta Oficial Agraria y de un cartel de notificación en un diario de mayor circulación regional dirigido al ocupante del predio y a cualquier otro interesado que pudiere tener interés legítimo, personal o directo en el procedimiento iniciado, entendiéndose por notificados vencidos que fueran quince días contados a partir de la publicación del referido cartel.
Artículo 92
Los ocupantes ilegales o ilícitos de las tierras públicas no podrán oponer al Instituto Nacional de Tierras (INTI), el carácter de poseedores.
Artículo 93
Dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir del vencimiento del lapso previsto en el artículo anterior, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), dictará su decisión.
Artículo 94
El acto dictado por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), deberá notificarse al ocupante de las tierras y a los interesados que se hayan hecho parte en el procedimiento, indicando que contra el mismo podrá interponerse el recurso contencioso administrativo de nulidad por ante el Juez Superior Agrario competente por la ubicación de las tierras, dentro de los sesenta días continuos siguientes a la notificación.
Artículo 95
Las tierras propiedad de la República, los Estados, los Municipios y demás entidades, órganos y entes de la Administración Pública descentralizados funcionalmente, conservan y seránsiempre del dominio público e igualmente, conservan y mantendrán siempre su carácter de imprescriptibles.
Artículo 96
Las disposiciones de la ley que regule los procedimientos administrativos y la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos serán aplicables de manera supletoria para todos los procedimientos administrativos previstos en el presente Título.
CapítuloI
Del Impuesto sobre tierras ociosas (Brachland) y de uso no conforme
Artículo 97
Se crea un impuesto que grava la ociosidad y el uso no conforme de tierras rurales con vocación de uso agrícola.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este impuesto las tierras cubiertas por bosques naturales; las tierras que por limitaciones topográficas o edáficas no son aptas para usos agrícolas y las tierras bajo régimen especial.
Artículo 98
Son sujetos pasivos del impuesto:
1. Los propietarios de tierras rurales privadas.
2. Los poseedores de tierras rurales públicas, distintos de los órganos y entidades públicas y de los entes de la Administración Pública descentralizados funcionalmente.
A los fines de este Impuesto, se entiende por tierras rurales públicas aquéllas que son propiedad de los órganos y entidades públicas y de los entes de la Administración Pública descentralizada funcionalmente.
Artículo 99
A los efectos de control, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), podrá crear los registros necesarios en los cuales deberán inscribirse los sujetos pasivos, incluyendo una sección especial para los órganos y entes públicos, previstos en el artículo anterior.
Artículo 100
En los casos de comunidades de bienes, cualquiera sea su origen, los copropietarios estarán solidariamente obligados al pago y cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de este impuesto.
Artículo 101
Están exentos del pago del impuesto:
1. El agricultor o agricultora a título principal, propietario o propietaria de tierras rurales privadas o poseedor o poseedora de tierras rurales públicas, que cumplan con los siguientes requisitos en forma concurrente: cuya extensión no supere quince hectáreas (15 ha), no fuere propietario o propietaria, o poseedor o poseedora de otros inmuebles con excepción de casa de habitación en poblado rural si fuera su hogar dentro del municipio respectivo, con domicilio civil y electoral en la jurisdicción del municipio donde estuvieren ubicadas las mismas, que no utilice mano de obra permanente en el cultivo de dichas tierras y cuyo ingreso bruto total anual sea inferior a Un Mil Cuatrocientas Unidades Tributarias (1.400 U.T.) y siempre que utilice dichas tierras para fines propios de su vocación agropecuaria de conformidad con el Reglamento de esta Ley y estuvieren inscritos en los registros de tierras del Instituto Nacional de Tierras (INTI), y en el registro de sujetos pasivos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
2. Los propietarios de tierras rurales privadas o poseedores de tierras rurales públicas, ubicadas en zonas afectadas por catástrofes naturales, declaradas por el Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, durante el período o períodos que dure dicha declaratoria.
Artículo 102
A los efectos de este impuesto, se considerarán tierras ociosas o de uso no conforme, las establecidas en el artículo 35 de la presente Ley.
Artículo 103
La base imponible del impuesto será la diferencia entre el rendimiento idóneo de la tierra rural y su rendimiento real obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente.
Parágrafo Primero.
El rendimiento idóneo para una tierra rural de una determinada clase se obtendrá multiplicando el promedio de producción anual nacional idóneo del producto o rubro producido por el contribuyente, por el precio promedio anual nacional de dicho producto, por la totalidad de hectáreas de la clase respectiva.
Se entiende por:
1. Promedio de producción anual nacional idóneo, al promedio nacional anual comercializado de producción por hectárea, del producto o rubro producido por el contribuyente de entre los productos o rubros señalados por la autoridad competente dentro del mejor uso agropecuario correspondiente a la clase de tierra respectiva.
2. Precio promedio anual nacional, al precio promedio anual nacional pagado comercialmente por tonelada a puerta de granja del producto o rubro a que se refiere el numeral anterior.
El promedio de producción nacional anual idóneo podrá aumentarse o disminuirse hasta en un treinta por ciento (30%) por el Ejecutivo Nacional, para determinada clase de tierras o productos:
a. Cuando fuere necesario para elevar el aprovechamiento y ordenación del suelo durante un ejercicio fiscal, o para adaptarlo a las características especiales de clases o subclases de tierras o rubros que por razón de la naturaleza, la acción del hombre, región o forma de explotación lo hagan necesario para evitar desigualdades derivadas de la actividad agrícola o,
b. Cuando la producción del rubro se realice en tierras de inferior calidad y vocación agropecuaria o,
c. Cuando se tratare de tierras que admitieran varios ciclos de producción de productos agrícolas o pecuarios en un mismo ejercicio fiscal.
d. En los casos de nuevos asentamientos.
En ningún caso se aplicará el promedio de producción nacional idóneo más allá del doble del promedio de producción anual comercializado del rubro correspondientes en el respectivo municipio.
Los índices y promedios señalados en el presente capítulo, serán fijados por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de agricultura y tierras, salvo disposición en contrario en la presente Ley.
Cuando los índices o promedios no se basaren en toneladas o hectáreas el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de agricultura y tierras, fijará la medida correspondiente.
El rendimiento real para una tierra rural de determinada clase, se obtendrá multiplicando el precio promedio anual nacional del producto utilizado para la determinación del rendimiento idóneo, por el promedio de producción anual comercializada de toneladas por hectárea de dicho producto o rubro producido por el sujeto pasivo en dicha tierra, por la totalidad de hectáreas de la clase de tierra respectiva.
Si la tierra estuviese integrada por varias porciones o lotes de distinta clase, o se tratare de producción diversificada, se seguirá para cada una de ellas o sus productos el procedimiento establecido en este artículo. En tal caso, deberá alcanzarse en cada lote o porción como mínimo el treinta por ciento (30%) del rendimiento idóneo parcial correspondiente para que el rendimiento real de cada lote se pueda sumar al rendimiento real total.
En el supuesto previsto en este párrafo, la base imponible en tal caso será la diferencia entre la sumatoria de los rendimientos idóneos y la sumatoria de los rendimientos reales, parciales, obtenidos para todas las clases de tierras en el ejercicio fiscal correspondiente.
Artículo 104
En los casos de tierras utilizadas para la producción de rubros distintos a los señalados por la autoridad competente para una clase o tipo de tierras, salvo que fuera en tierras de inferior calidad o vocación para la seguridad alimentaria, se sumará a la base imponible el cien por ciento (100%) del rendimiento idóneo correspondiente a dicha clase de tierra y rubro, sin que pueda incluirse en el rendimiento real dicha producción.
Las tierras que para la entrada en vigencia de la presente Ley se encontraren en el supuesto previsto en esta disposición, están exoneradas del pago del impuesto hasta el ejercicio fiscal siguiente al de terminación del ciclo normal de producción del rubro correspondiente. El Ejecutivo Nacional podrá prorrogar dicha exoneración hasta por un ejercicio fiscal adicional en las condiciones que éste determine.
Artículo 105
En los casos de clases de tierras rurales con un rendimiento real inferior al veinte por ciento (20%) del rendimiento idóneo respectivo o sin producción alguna, el rendimiento idóneo correspondiente a dichas tierras se calculará sobre la base del producto agrícola, pecuario o forestal correspondiente a la clase de uso de dichas tierras que tenga el mayor valor que resulte de multiplicar el promedio de producción anual nacional idóneo de dicho producto por su precio promedio anual nacional por la totalidad de hectáreas de dichas tierras.
Artículo 106
El impuesto previsto en este Capítulo se determinará y liquidará por el período correspondiente al año civil.
Artículo 107
La declaración, liquidación y pago del impuesto se efectuará dentro del segundo trimestre siguiente a la terminación del período impositivo.
En caso de cultivos cuyo ciclo normal de producción abarque más de un período impositivo, las obligaciones de este artículo serán exigibles en el período impositivo donde se obtenga la primera cosecha comercial o antes de ésta por terminación anormal del ciclo de producción.
No se aplicará lo previsto en el párrafo anterior si dichos cultivos se produjeren en tierras rurales distintas de la clase a la cual estuvieran asignados los mismos, salvo que se tratare de tierras de inferior calidad, en cuyo caso el impuesto se determinará y liquidará por el período correspondiente al año civil, todos los años, hasta que se utilicen las tierras para los fines señalados por la presente Ley.
Artículo 108
La alícuota del impuesto aplicable a la base imponible, será la resultante de la aplicación de la
tarifa II de la siguiente tabla:
Base Imponible
Tipo de gravamen
Porcentaje
Tarifas
I
II
III
Entre 0 y 20% del valor del rendimiento idóneo
0
0
0
Más del 20% y hasta el 30% del valor del rendimiento idóneo
0,5
1
1,5
Más del 30% y hasta el 40% del valor del rendimiento idóneo
1,5
2
2,5
Más del 40% y hasta el 50% del valor del rendimiento idóneo
2,5
3
3,5
Más del 50% y hasta el 60% del valor del rendimiento idóneo
4,5
5
5,5
Más del 60% y hasta el 70% del valor del rendimiento idóneo
5,5
6
6,5
Más del 70% del valor del rendimiento idóneo
11,5
12
12,5
El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar anualmente la inclusión en la Ley de
Presupuesto de la tabla I o III contentiva de los límites inferior y máximo, respectivamente de
la alícuota del impuesto para el ejercicio fiscal respectivo, de acuerdo con la política fiscal y
agroalimentaria nacional.
La aplicación de la alícuota correspondiente según la tarifa vigente a la base Imponible, será el
impuesto a pagar en el ejercicio fiscal correspondiente
La tarifa vigente para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2002 será la Tarifa I.
Artículo 109
La recaudación y control del impuesto a que se refiere este Título, será de la competencia del
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Artículo 110
El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, dentro de las medidas de
política fiscal y agroalimentaria, requeridas de acuerdo con la situación coyuntural, sectorial y
regional de la economía del país, podrá exonerar total o parcialmente del pago del impuesto
establecido en esta Ley a los sujetos pasivos del mismo, especialmente entre otros, para
facilitar la adaptación del uso de la tierra a su mejor vocación agropecuaria según la clase o
subclase respectiva; estimular nuevas formas de organización de la producción, facilitar
nuevos asentamientos de tierras y garantizar la soberanía alimentaria o, para facilitar la
adaptación de los usos actuales a lo establecido en la presente Ley.
Los decretos de exoneración total o parcial del pago del impuesto que se dicten en ejecución
de esta norma deberán señalar las condiciones, plazos, requisitos y controles requeridos, a fin
de que se logren las finalidades de política fiscal y agroalimentaria sustentable perseguidas en
el orden coyuntural sectorial y regional.
Artículo 111
La condición de sujeto pasivo del presente impuesto no generará derechos ni alterará la
situación jurídica del mismo en relación con la tierra o frente a otros sujetos.
Artículo 112
No podrá protocolizarse por ante Oficina Subalterna de Registro alguna, ni reconocerse ni
autenticarse ningún acto de transferencia de la propiedad o gravamen de tierras rurales, o el
otorgamiento de créditos o la adjudicación o goce de exenciones o beneficios que tengan su
origen directo o indirecto en fondos públicos, sin la previa presentación de las planillas de
liquidación y pago del impuesto y la constancia de inscripción en los registros de tierras rurales
y en el que deberán inscribirse los sujetos pasivos previstos en esta ley.
Artículo 113
A los fines de la presente Ley, la tierra rural se clasificará por el Instituto Nacional de Tierras
(INTI), en clases y subclases para su uso, según su mayor vocación agrícola, pecuaria y forestal.
Los productos o rubros agrícolas, pecuarios y forestales se asignarán por dicho Instituto a la
clase de tierra y subclases en la cual deberán ser producidos. Los productos de una clase sólo
podrán producirse en dicha clase o en clases de menor vocación agrícola, pecuaria o forestal o
señalados en la presente disposición mediante numerales romanos ascendentes al de la clase
respectiva.
Las tierras deterioradas por el mal uso o malas prácticas agrícolas conservarán la clasificación
natural originaria anterior al deterioro. Las clasificaciones de tierras serán revisables
anualmente.
Clasificación de uso agropecuario de la tierra rural en orden descendente de calidad y
vocación para la seguridad alimentaria
Uso
Clases según su vocación y
uso
Agrícola
I
II
III
IV
Pecuario
V
VI
Forestal
VII
VIII
Conservación, ecología y protección del medio ambiente
IX
Agroturismo
X
TÍTULO IV
DE LOS ENTES AGRARIOS
Capítulo I
Del Instituto Nacional de Tierras (INTI)
Artículo 114
Se crea el Instituto Nacional de Tierras (INTI), como instituto autónomo adscrito al Ministerio
del Poder Popular con competencia en materia de agricultura y tierras, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente de la República, el cual gozará de las
prerrogativas y privilegios otorgados por la ley.
Artículo 115
El Instituto Nacional de Tierras (INTI), tiene por objeto la administración, redistribución de las
tierras y la regularización de la posesión de las mismas, de conformidad con la presente Ley, su
Reglamento y demás leyes aplicables.
De ser necesario para garantizar la ejecución de los actos administrativos que dicte, podrá
hacer uso de la fuerza pública.
Artículo 116
El Instituto Nacional de Tierras (INTI), tendrá su sede en la ciudad de Caracas y podrá crear
Oficinas Regionales de Tierras en aquellos lugares del interior del país donde sea necesario.
Artículo 117
Corresponde al Instituto Nacional de Tierras (INTI):
1. Adoptar las medidas que estime pertinentes para la transformación de todas las tierras con
vocación de uso agrícola, en unidades productivas de propiedad social.
2. Otorgar, renovar y revocar certificados de clasificación de fincas, en los cuales se
determinará su condición de: finca productiva o finca mejorable. El Instituto Nacional de
Tierras (INTI), podrá otorgar, renovar o revocar, el correspondiente certificado a los
propietarios u ocupantes de tierras con vocación de uso agrícola, de conformidad con lo
previsto en la presente Ley.
3. Determinar el carácter de ociosas que tengan las tierras con vocación de uso agrícola, o de
uso no conforme, de ser el caso, y rescatar o expropiar, según corresponda, las tierras que
tengan tal carácter, de conformidad con lo previsto en esta Ley.
4. Conocer, decidir y revocar la procedencia de la adjudicación de tierras, así como otorgar los
títulos de adjudicación.
5. Establecer los proyectos de mejoramiento de las tierras adjudicadas, que deben cumplirse a
los fines de hacerlas productivas, con base en los planes de desarrollo del Ejecutivo Nacional.
6. Iniciar de oficio o por denuncia el procedimiento de rescate de tierras de conformidad con lo
dispuesto en la presente Ley.
7. Ordenar la apertura del procedimiento de expropiación y solicitar la expropiación forzosa
por ante el respectivo tribunal.
8. Llevar el Registro Agrario de tierras y aguas.
9. Levantar en censo de aguas con fines agrarios.
10. Expedir la Carta de Registro.
11. Afectar las tierras con vocación de uso agrícola, que hubieren sido desafectadas, en las
cuales no existan desarrollos urbanos, ni construcciones o edificaciones.
12. Declarar o negar la garantía de permanencia prevista en la presente Ley. A estos efectos, el
Instituto informará mediante resolución, a los solicitantes sobre los recaudos que deberán
presentar para la declaratoria, así como de los trámites a seguir de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de esta Ley y en las resoluciones que al efecto dicte el Instituto
Nacional de Tierras (INTI).
13. Revocar el acto que declaró la garantía de permanencia, cuando esté plenamente
demostrado que los supuestos que le dieron origen a su reconocimiento han cesado o si
voluntariamente el beneficiario hubiere dejado de permanecer en las tierras.
14. Participar en la regulación del uso de las tierras con vocación de uso agrícola, ubicadas en
Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, observando la normativa especial sobre la
materia, en coordinación con los órganos competentes en materia ambiental.
15. Dictar los actos, circulares, providencias y resoluciones que sean necesarios para el
cumplimiento de su objeto.
16. Solicitar a los entes públicos indicados en el artículo 83 de esta Ley, la transferencia de la
titularidad del derecho sobre las tierras o fundos rústicos con vocación de uso agrícola a los
que se refiere dicho artículo, o bien, la autorización para la ocupación y uso de las mismas,
mientras se formaliza la transferencia, a los fines de que se realice el correspondiente rescate.
En caso de silencio del ente solicitado, se entenderá otorgada la autorización para la ocupación
y uso. A los fines del rescate, el Instituto también podrá celebrar convenios de ocupación y
uso, con los referidos entes públicos, sobre las tierras o fundos rústicos con vocación de uso
agrario objeto de transferencia, aunque ésta aún no se hubiese formalizado.
17. Disponer de las tierras con vocación de uso agrícola que no estén productivas, que sean
baldíos nacionales o que pertenezcan al dominio de la República, institutos autónomos,
empresas del Estado, fundaciones o cualquier entidad de carácter público nacional, con el
objeto de convertirlas en unidades económicas productivas, mientras la titularidad sobre las
mismas sea transferida a su patrimonio, sea autorizada su ocupación y uso, o sea celebrado el
convenio de ocupación y uso.
18. Ejercer el derecho de rescate de tierras con vocación de uso agrícola, sobre tierras de su
propiedad o del dominio de la República, institutos autónomos, corporaciones, empresas del
Estado, fundaciones o cualquier entidad de carácter público nacional, incluso baldíos
nacionales, que se encuentren ocupadas ilegal o ilícitamente.
19. Ejercer el derecho de rescate sobre tierras cuya propiedad sea atribuida a particulares
cuando al efectuar el análisis documental de los títulos suficientes que fueran requeridos a
aquél que alegue el derecho de propiedad, éste no lograre demostrar una perfecta secuencia y
encadenamiento de las titularidades del dominio y demás derechos alegados.
20. Efectuar el análisis documental de los títulos suficientes que fueran presentados en el
procedimiento de rescate y registro agrario, por aquél que alegue el derecho de propiedad. A
tales efectos, los particulares deberán consignar el tracto sucesivo de los documentos que le
sean requeridos, así como aquéllos pertinentes y necesarios para ello.
21. Autorizar la incorporación en las tierras con vocación agrícola a los diferentes entes del
Estado o grupos de campesinos y campesinas organizados mediante la creación de unidades
de propiedad social, para garantizar la seguridad agroalimentaria y justa distribución e
intercambio de los diferentes productos agrícolas de acuerdo a los planes establecidos por el
Ejecutivo Nacional.
22. Solicitar a las administraciones estadales todo tipo de información y colaboración necesaria
para el eficaz ejercicio de sus competencias, en particular para la sustanciación de los
procedimientos administrativos a que se refiere la presente Ley.
23. Conservar y proteger los recursos naturales existentes en tierras con vocación de uso
agrícola, en coordinación con los órganos competentes, con el objeto de garantizar el
desarrollo rural sustentable.
24. Suscribir convenios con terceros para el aprovechamiento de los recursos naturales
existentes en tierras con vocación de uso agrícola propiedad del Instituto, sin perjuicio de la
obtención de los permisos correspondientes por parte de las autoridades competentes. Se
reserva el Instituto Nacional de Tierras (INTI), la administración y aprovechamiento de los
minerales no metálicos ubicados en las tierras de su propiedad, de conformidad con lo que
establezca el Reglamento de esta Ley.
25. Reclamar los pagos que correspondan por servidumbres constituidas o por constituir, en
tierras de su propiedad. En ejercicio de esta competencia el Instituto podrá suscribir convenios
con terceros, que garanticen el pago respectivo a favor del Instituto.
26. Velar por el cumplimiento de las normas ambientales.
27. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos.
Artículo 118
El patrimonio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), estará constituido por:
1. Los recursos que le sean asignados por la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal
correspondiente y los recursos extraordinarios que le acuerde el Ejecutivo Nacional.
2. Un aporte presupuestario inicial constituido por el setenta y cinco por ciento (75%) del
presupuesto asignado por el Ejecutivo Nacional al Instituto Agrario Nacional (IAN) para el
ejercicio fiscal 2002, previo cumplimiento de los trámites presupuestarios correspondientes.
3. Los bienes del Instituto Agrario Nacional (IAN) que le sean transferidos.
4. Los bienes que para el cumplimiento de sus fines, le sean transferidos por la República, los
estados o los municipios.
5. Los legados y donaciones que se hagan a su favor.
6. Cualquier otro ingreso permitido por la ley.
Artículo 119
El personal del Instituto Nacional de Tierras (INTI), se regirá por un estatuto especial que
dictará el Directorio del Instituto, previa aprobación del Presidente o Presidenta de la
República, en el cual se establecerán disposiciones que regulen el reclutamiento, la selección,
el ingreso, el desarrollo, la evaluación, los ascensos, los traslados, las suspensiones, la
clasificación de los cargos, la remuneración y el egreso.
Artículo 120
El Instituto Nacional de Tierras (INTI), presentará anualmente al Ministerio del Poder Popular
con competencia en materia de agricultura y tierras, un informe sobre sus actividades, el cual
deberá incluir una relación de los logros alcanzados.
Artículo 121
La dirección y administración del Instituto Nacional de Tierras (INTI), estará a cargo de un
Directorio, Integrado por un Presidente o Presidenta, quien será a su vez el Presidente o
Presidenta del Instituto, y cuatro directores o directoras principales y sus respectivos
suplentes, quienes serán de libre nombramiento y remoción del Presidente o Presidenta de la
República.
Las ausencias temporales del Presidente o Presidenta serán suplidas por uno de los directores
o directoras, designado en el seno del Directorio. Las ausencias de los demás miembros del
Directorio serán llenadas por sus respectivos suplentes.
Artículo 122
Los miembros del Directorio y sus suplentes deberán ser venezolanos, mayores de edad, de
reconocida solvencia moral y de notable trayectoria, en materia agraria, y no podrán adquirir
predios rústicos durante su gestión, ni durante el año siguiente a que haya cesado la misma.
Artículo 123
El Directorio se reunirá una vez por semana como mínimo, y en toda oportunidad en que sea
convocado por su Presidente o Presidenta o cuando así lo soliciten dos o más de sus
miembros. Para que el Directorio pueda reunirse válidamente se requerirá la presencia de tres
de sus miembros, uno de los cuales deberá ser su Presidente o Presidenta o quien haga sus
veces. Para la validez de sus decisiones se requerirá el voto favorable de por lo menos tres de
sus miembros. En caso de empate, el voto del Presidente o Presidenta tendrá valor decisorio.
El Directorio está obligado a rendir cuenta anual de sus logros al Ministerio del Poder Popular
con competencia en materia de agricultura y tierras.
Artículo 124
Los acuerdos y decisiones aprobados por el Directorio se harán constar en acta, la cual deberá
ser firmada por todos los miembros asistentes a la reunión de que se trate, quienes serán
solidariamente responsables de dichos acuerdos y decisiones, excepto cuando hubieren hecho
constar su voto salvado en forma motivada o no hubiere asistido.
Artículo 125
El Directorio tendrá las facultades para la gestión de las operaciones que integran el objeto del
Instituto Nacional de Tierras (INTI), y; en especial, ejercerá las siguientes:
1. Elaborar el proyecto de presupuesto anual del Instituto, el cual deberá ser sometido a la
consideración y aprobación del Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular
con competencia en materia de agricultura y tierras.
2. Dictar y aprobar sus reglamentos internos y el reglamento de funcionamiento de las Oficinas
Regionales de Tierras.
3. Autorizar la creación, modificación o supresión de las Oficinas Regionales de Tierras.
4. Acordar la intervención de tierras ociosas o de uso no conforme de manera preventiva en
los casos previstos en esta Ley, a fin de hacer cesar la situación irregular de las mismas.
5. Decidir los recursos jerárquicos intentados contra las decisiones dictadas por las Oficinas
Regionales de Tierras.
6. Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes muebles e inmuebles del
Instituto.
7. Dictar el Reglamento Interno y de Funcionamiento de las Oficinas Regionales de Tierras.
8. Crear los ejes de desarrollo agrícola necesarios para la ejecución, aplicación y
fortalecimiento de las políticas agrarias, en el marco de la transferencia de competencias
orientadas al cumplimiento del plan de desarrollo social y económico de la nación.
9. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos.
Artículo 126
Son atribuciones del Presidente o Presidenta:
1. Convocar y presidir las reuniones del Directorio.
2. Administrar el patrimonio e ingresos del Instituto de conformidad con esta Ley, su
Reglamento y el Reglamento Interno.
3. Presentar a la consideración del Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder
Popular con competencia en materia de agricultura y tierras, el presupuesto del Instituto, su
memoria y cuenta anual.
4. Ejercer la representación judicial y extrajudicial del Instituto, pudiendo constituir
apoderados generales o especiales.
5. Otorgar y firmar todos los contratos necesarios para el cumplimiento de los fines del
Instituto, hasta por los montos establecidos por el Directorio.
6. Certificar los documentos que cursen en los archivos del Instituto.
7. Ejercer la suprema dirección de las oficinas y dependencias del Instituto.
8. Ejecutar las decisiones del Directorio.
9. Nombrar y remover al personal del Instituto, debiendo informar al Directorio.
10. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos.
Capítulo II
De las Oficinas Regionales de Tierras
Artículo 127
Las Oficinas Regionales de Tierras creadas por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), estarán
integradas por cinco miembros, uno de los cuales será el Coordinador o Coordinadora de la
misma. Dichos miembros serán de libre nombramiento y remoción por el Presidente o
Presidenta del Instituto.
Artículo 128
Las Oficinas Regionales de Tierras tendrán las siguientes atribuciones:
1. Informar al Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de la ocupación de tierras
propiedad de la República por parte de terceros.
2. Sustanciar los procedimientos de declaratoria de tierras ociosas o de uso no conforme, de
conformidad con esta Ley.
3. Llevar los registros e inventario de la propiedad territorial agraria y agroindustrial de su
jurisdicción.
4. Recibir, sustanciar y remitir al Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), las
solicitudes y documentos respectivos relacionados con certificaciones de tierras y
adjudicaciones.
5. Certificar las actuaciones que cursen en su dependencia, siendo el coordinador o
coordinadora de la oficina el funcionario o funcionaria competente para ello.
6. Sustanciar los expedientes administrativos de los procedimientos de rescates de tierras
ordenados por el Directorio.
7. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos.
Artículo 129
Contra cualquier decisión dictada por las Oficinas Regionales de Tierras se podrá intentar
recurso jerárquico directamente por ante el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI).
La Resolución que dicte el Presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), agotará la vía
administrativa.
Capítulo III
Del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)
Artículo 130
Se crea el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), como instituto autónomo adscrito al
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de agricultura y tierras, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente de la República, el cual
gozará de las prerrogativas y privilegios otorgados por la ley.
Artículo 131
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), tiene por objeto contribuir con el desarrollo
rural integral del sector agrícola en materia de infraestructura, capacitación y extensión.
Artículo 132
El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), tendrá su sede en la ciudad de Guanare, Estado
Portuguesa y podrá establecer en el interior del país las oficinas regionales o estadales que
fueren necesarias para el eficaz cumplimiento de sus funciones.
Artículo 133
Corresponde al Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER):
1. Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas y los planes nacionales vinculados con el riego y el
saneamiento de tierras, que establezca el Ejecutivo Nacional.
2. Promover y velar por el uso sustentable de los recursos hídricos de los sistemas de riego.
3. Fomentar, dirigir, ejecutar y dar mantenimiento a la infraestructura de servicios de apoyo
rural propiedad del Estado, para la producción, transformación y comercialización de rubros
agroalimentarios.
4. Promover la construcción de obras de infraestructura destinadas a extender las tierras bajo
regadío, a cuyos efectos propiciará el establecimiento de una comisión coordinadora con los
organismos competentes en la materia.
5. Fomentar, coordinar y ejecutar planes y programas destinados al establecimiento de formas
de organización local para la utilización común de las aguas.
6. Fomentar, coordinar y ejecutar planes y programas destinados a la organización y
consolidación de las comunidades rurales, a través de las diversas formas asociativas de
autogestión, gestión y cogestión contempladas en las leyes.
7. Promover el adiestramiento y la capacitación técnica de los pobladores del medio rural.
8. Fomentar la creación y consolidación de organizaciones para la autogestión, gestión y
cogestión de los sistemas de riego y el saneamiento de tierras.
9. Promover, dirigir, coordinar y ejecutar programas y proyectos interinstitucionales e
interdisciplinarios para el desarrollo de capacidades de autogestión y cogestión de la población
rural.
10. Promover y ejecutar programas de formación y capacitación dirigidos a funcionarios
públicos y otros sectores de la sociedad civil para el desarrollo sostenible de áreas rurales.
11. Promover y ejecutar obras de infraestructura para el desarrollo sostenible de la pesca, la
acuicultura y sus actividades conexas.
12. Promover y ejecutar programas de innovación tecnológica para el desarrollo rural
sustentable.
13. Fortalecer las relaciones de cooperación con organismos técnicos o científicos vinculados
con las áreas de su competencia.
14. Las demás que se le atribuyan por ley o reglamento.
Las atribuciones contempladas en los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 y 13 de este artículo,
deberán ser ejercidas en coordinación con los organismos competentes a nivel nacional,
estadal y municipal.
Artículo 134
El patrimonio del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), estará constituido por:
1. Los recursos que le sean asignados por la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal
correspondiente y los recursos extraordinarios que le acuerde el Ejecutivo Nacional.
2. Un aporte inicial constituido por el dos por ciento (2%) del presupuesto asignado por el
Ejecutivo Nacional al Instituto Agrario Nacional (IAN) para el ejercicio fiscal, previo
cumplimiento de los trámites correspondientes.
3. Las instalaciones de los sistemas de riego, los bienes muebles destinados al drenaje y
saneamiento de tierras adscritos al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia
de agricultura y tierras.
4. Los ingresos que se obtengan como producto de sus actividades.
5. Los bienes de las entidades públicas que a los fines del desarrollo rural sean transferidos por
el Ejecutivo Nacional, Estadal o Municipal.
6. Los legados y donaciones realizadas por personas e instituciones de carácter privado o
público, nacionales e internacionales.
7. Cualquier otro ingreso permitido por la ley.
Artículo 135
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) presentará anualmente al Ministerio del
Poder Popular con competencia en materia de agricultura y tierras, un informe sobre sus
actividades, el cual deberá incluir una relación de los logros alcanzados.
Artículo 136
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) tendrá una Junta Directiva integrada por un
Presidente o Presidenta y cuatro Directores o Directoras, que serán de libre nombramiento y
remoción del Presidente o Presidenta de la República, cada uno de los cuales tendrá un
suplente designado de la misma forma, quienes llenarán las faltas temporales.
El reglamento interno del Instituto establecerá la organización y funcionamiento de la Junta
Directiva.
Artículo 137
Los miembros de la Junta Directiva del Instituto y sus respectivos suplentes, deberán ser
venezolanos o venezolanas, de reconocida solvencia moral y competencia en el área de
desarrollo rural.
Artículo 138
La Junta Directiva se reunirá válidamente con la asistencia del Presidente o Presidenta y de al
menos dos Directores o Directoras. Para la validez de sus decisiones se requerirá el voto
favorable de por lo menos tres de sus miembros, uno de los cuales deberá ser el Presidente o
Presidenta. En caso de empate, el voto del Presidente o Presidenta tendrá valor decisorio.
Artículo 139
Corresponderán a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), las
siguientes atribuciones:
Aprobar la programación y el presupuesto anual del Instituto, que deberá ser sometido a
consideración del Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de agricultura y tierras.
1. Aprobar el Reglamento Interno que contenga la estructura, normas y procedimientos de
funcionamiento del Instituto.
2. Aprobar la creación, modificación o supresión de unidades técnicas y de las oficinas que se
consideren necesarias para el cumplimiento del objeto del Instituto.
3. Evaluar los planes y programas anuales de las actividades del Instituto.
4. Las demás que le confieren la ley y los reglamentos.
Artículo 140
Son atribuciones del Presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), las
siguientes:
1. Formular la política general del Instituto, dirigir y controlar su ejecución.
2. Ejercer la administración del Instituto.
3. Ejecutar y hacer cumplir los actos generales y particulares que dicte la Junta Directiva del
Instituto.
4. Ordenar la apertura y sustanciación de procedimientos administrativos sancionatorios.
5. Celebrar en nombre del Instituto, previa aprobación de la Junta Directiva, contratos de
obras, de adquisición de bienes o suministros de servicios, de conformidad con la ley que
regule la materia de Licitaciones y su reglamento.
6. Elaborar el proyecto de presupuesto y someterlo a la consideración de la Junta Directiva del
Instituto de conformidad con la ley.
7. Expedir certificación de documentos que cursen en los archivos del Instituto.
8. Elaborar el Reglamento Interno que contenga la estructura, normas y procedimientos de
funcionamiento del Instituto y de sus oficinas regionales o estadales.
9. Nombrar y remover al personal del Instituto y ejercer la potestad disciplinaria sobre el
mismo, de conformidad con la ley.
10. Convocar la Junta Directiva, con carácter ordinario o extraordinario y presidir sus sesiones.
11. Ejercer la representación judicial y extrajudicial del Instituto, pudiendo constituir
apoderados generales o especiales.
12. Elaborar y presentar la memoria y cuenta del Instituto a la consideración del Ministerio del
Poder Popular con competencia en materia de agricultura y tierras.
13. Las demás que le confieran la ley y los reglamentos.
Artículo 141
El personal del Instituto se regirá por un estatuto especial que dictará la Junta Directiva, previa
aprobación del Presidente o Presidenta de la República, en el cual se establecerán
disposiciones que regulen el reclutamiento, la selección, el ingreso, el desarrollo, la evaluación,
los ascensos, los traslados, las suspensiones, la valoración de los cargos, la remuneración y el
egreso.
Artículo 142
Las oficinas regionales y estadales ejercerán las siguientes funciones:
1. Planificar y ejecutar las actividades del Instituto de conformidad con las directrices
impartidas por la Junta Directiva y el Presidente o Presidenta del Instituto.
2. Coordinar acciones con organismos públicos y privados, para el desarrollo de actividades en
las materias que le competen al Instituto.
3. Conformar una base de datos sobre la infraestructura rural existente en la región y
municipios que la conforman, que reflejen las especificaciones técnicas de los mismos.
4. Elaborar los diagnósticos de necesidades en materia de desarrollo rural integral.
5. Las demás que le atribuyan la ley y aquellas que le sean asignadas por el Presidente o
Presidenta la Junta Directiva del Instituto.
Artículo 143
Las oficinas regionales o estadales tendrán la organización que determine el reglamento
interno del Instituto,
Artículo 144
La Fundación de capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA), estará
adscrita al Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER).
CapítuloIV
De la actividad agraria empresarial del Estado
Artículo 145
El Ejecutivo Nacional podrá asumir directamente las actividades de producción primaria,
industrialización, distribución, intercambio y comercialización, relacionadas con el fin de
fortalecer el aparato productivo nacional y consolidar la garantía de soberanía
agroalimentaria.
Artículo 146
En ejecución del artículo anterior, el Ejecutivo Nacional creará una empresa de propiedad
estadal, que tendrá el carácter de empresa matriz, tenedora de las acciones de empresas del
Estado del sector agrícola que le sean adscritas o cuya creación le sea autorizada, cuyo objeto
estará dirigido a la consolidación de una participación determinante del Estado venezolano en
la producción, manufactura, distribución, intercambio y comercialización, nacional e
internacional, de productos agrícolas y alimentos.
La empresa de propiedad estatal creada conforme lo dispuesto en el presente artículo, podrá
realizar inversiones dentro y fuera del país, y ser accionista en cualquier proporción de
empresa del sector agrícola del territorio nacional o fuera de él.
CapítuloV
Del incumplimiento de la presente Ley
Artículo 147
Queda prohibido a los particulares el aprovechamiento indirecto de tierras con vocación
agrícola propiedad del Instituto Nacional de Tierras (INTI), del dominio de la República, o de
institutos autónomos, corporaciones, empresas del Estado, fundaciones o cualquier entidad de
carácter público nacional, incluso baldíos nacionales, a través de cualquier forma de
tercerización.
La propiedad agraria y demás derechos o beneficios otorgados por el Instituto Nacional de
Tierras (INTI), sólo podrán ser transferidos, cedidos o heredados en los casos y condiciones
establecidos expresamente en la presente Ley.
Quienes ejecuten actos o celebren negocios jurídicos mediante los cuales pretendan evadir o
contrariar lo dispuesto en el presente artículo, perderán la propiedad agraria, derecho o
beneficio que le fuere otorgado, quedando inhabilitados para realizar solicitudes de garantía
de permanencia o adjudicación de tierras por un período de cinco años.
Artículo 148
Los particulares que mediante simulación o fraude pretendan ocultar cualquier forma de
aprovechamiento de tierras de su propiedad a través de tercerización, perderán los derechos
que hubieren adquirido en el contrato, convenio o negocio celebrado con el tercero, siendo
éste último el único beneficiario de los frutos, utilidades o beneficios obtenidos a partir del
trabajo de la tierra objeto de la tercerización.
Artículo 149
Quienes como consecuencia de la aplicación de los artículos 147 y 148, perdieren garantías,
derechos u otros beneficios otorgados por el Instituto Nacional de Tierras (INTI) conforme a la
presente Ley, o le fuere declarada la simulación o fraude de tercerización, no podrán ser
beneficiarios de créditos por parte de organismos públicos o entidades financieras del Estado.
Artículo 150
En los procedimientos para la revocatoria de las garantías, derechos y demás beneficios
otorgados por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), conforme a la presente Ley, así como en
el acto mediante el cual se declare la simulación o fraude de tercerización, se aplicará lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.
TÍTULOV
DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL AGRARIA
CapítuloI
Disposiciones Fundamentales
Artículo 151
La jurisdicción especial agraria estará integrada por la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia, y los demás tribunales señalados en esta Ley.
La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, debido a la especialidad de la
materia, conocerá no sólo de los recursos de casación, sino de los asuntos contenciosos
administrativos que surjan con motivo de la aplicación de la presente Ley, y a tal efecto, creará
una Sala Especial Agraria.
La ley que rige al Tribunal Supremo de Justicia establecerá las atribuciones de la Sala de
Casación Social, sin embargo, ésta ejercerá las atribuciones que la presente Ley le otorgue
desde su entrada en vigencia.
Artículo 152
En todo estado y grado del proceso, el juez o jueza competente para conocer de las acciones
agrarias, de las demandas patrimoniales contra los entes estatales agrarios y de los recursos
contenciosos administrativos agrarios velará por:
1. La continuidad de la producción agroalimentaria.
2. La protección del principio socialista según el cual la tierra es para quien la trabaja.
3. La continuidad en el entorno agrario de los servicios públicos.
4. La conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.
5. El mantenimiento de la biodiversidad.
6. La conservación de la infraestructura productiva del Estado.
7. La cesación de actos y hechos que puedan perjudicar el interés social y colectivo.
8. El establecimiento de condiciones favorables al entorno social e intereses colectivos.
A tales efectos, dictará de oficio, las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación
fáctica concreta y conforme al supuesto de hecho de la norma que le sirva de fundamento
contenida en la presente Ley, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares y a
los entes estatales agrarios, según corresponda.
Artículo 153
El juez o jueza agrario competente, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar en cualquier
estado y grado del proceso, la realización de una audiencia conciliatoria como mecanismo de
solución alternativa del conflicto, quedando a salvo el cumplimiento previo de las formalidades
y requisitos que la legislación exige para la homologación de acuerdos sobre los intereses
públicos.
Artículo 154
El procedimiento agrario constituye un instrumento fundamental para la realización de la
Justicia. La omisión de formalidades no esenciales no dará lugar a la reposición de la causa.
Artículo 155
Los procedimientos previstos en el presente Título se regirán por los principios de inmediación,
concentración, brevedad, oralidad, publicidad y carácter social del proceso agrario.
CapítuloII
De los Procedimientos Contenciosos Administrativos Agrarios y de las Demandas contra los
Entes Estatales Agrarios
Artículo 156
Son competentes para conocer de los recursos que se intenten contra cualquiera de los actos
administrativos agrarios:
1. Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competentes por la ubicación del inmueble,
como Tribunales de Primera Instancia.
2. La Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, como
Tribunal de Segunda Instancia.
Artículo 157
Las competencias atribuidas de conformidad con el artículo anterior comprenden el
conocimiento de todas las acciones que por cualquier causa, sean intentadas con ocasión a la
actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen
de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, las demandas patrimoniales
y demás acciones con arreglo al derecho común que sean interpuestas contra cualesquiera de
los órganos o los entes agrarios.
Artículo 158
La Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia será
competente para conocer de los recursos de interpretación sobre el alcance o inteligencia de
cualesquiera de las normas contenidas en la presente Ley, siempre que el peticionante
demuestre interés inmediato y directo sobre el alcance e interpretación de una norma para un
caso concreto.
En caso de que se haya dictado un acto administrativo o verificado una actuación
administrativa respecto a la situación concreta del peticionante, para el momento de la
interposición del recurso, el mismo será declarado inadmisible.
Artículo 159
Admitido el recurso, se ordenará la notificación del o la Fiscal General de la República, del
Procurador o Procuradora General de la República, así como del órgano a quien se vincule la
aplicación de la norma en concreto, para que en un lapso de diez días hábiles procedan a
rendir su opinión al respecto. Transcurrido este lapso la causa entrará en estado de sentencia.
Artículo 160
Las acciones y recursos contemplados en el presente Título deberán interponerse por escrito
por ante el Tribunal competente, cumpliendo con los siguientes requisitos:
1. Determinación del acto cuya nulidad se pretende.
2. Acompañar copia simple o certificada del acto, actuación o contrato cuya nulidad se
pretende, o señalamiento de la Oficina Pública u organismo en que se encuentran, y los datos
que lo identifiquen.
3. Indicación de las disposiciones constitucionales o legales cuya violación se denuncia.
4. Acompañar instrumento que demuestre el carácter con que se actúa. En caso de que tal
carácter provenga de la titularidad de un derecho real, identificará el inmueble, con expreso
señalamiento de sus linderos y copia certificada de los documentos o títulos que acreditan la
titularidad aludida.
5. Los documentos, instrumentos o cualquier otra prueba que se estime conveniente
acompañar.
Artículo 161
Dentro de los tres días hábiles siguientes a la interposición del recurso o de la acción, el
Tribunal de la causa decidirá sobre la admisión del mismo.
Artículo 162
Sólo podrán declararse inadmisibles las acciones y recursos interpuestos por los siguientes
motivos:
1. Cuando así lo disponga la ley.
2. Si el conocimiento de la acción o el recurso corresponde a otro organismo jurisdiccional,
caso en el cual el Tribunal declinará la causa en el Tribunal competente.
3. En caso de la caducidad del recurso por haber transcurrido los sesenta días continuos desde
la publicación del acto en la Gaceta Oficial Agraria o de su notificación, o por la prescripción de
la acción.
4. Cuando sea manifiesta la falta de cualidad o interés del accionante o recurrente.
5. Cuando se acumulen pretensiones que se excluyan mutuamente, o que sean contrarias
entre sí o cuyos procedimientos sean incompatibles.
6. Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar la admisibilidad de
la demanda.
7. Cuando exista un recurso paralelo.
8. Cuando el correspondiente escrito resulte ininteligible o contradictorio que haga imposible
su tramitación o contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.
9. Cuando sea manifiesta la falta de representación que se atribuye el actor.
10. Cuando habiéndose recurrido en vía administrativa, no hayan transcurrido los lapsos para
que ésta decida.
11. Cuando no se haya agotado el antejuicio administrativo de las demandas contra los entes
agrarios.
12. Cuando no se haya agotado la instancia conciliatoria o de avenimiento que correspondan
de conformidad con la ley.
13. Cuando la pretensión sea manifiestamente contraria a los fines de la presente Ley y de los
preceptos constitucionales que rigen la materia.
Contra la decisión que declare inadmisible el recurso podrá apelarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes.
No se admitirá apelación contra el auto que acuerde la admisión del recurso o acción principal.
En todo caso, los opositores podrán hacer valer, junto con las razones de fondo, los motivos
por los cuales estimen la inadmisibilidad del mismo, los cuales serán decididos, junto a los
primeros, en la sentencia definitiva.
Artículo 163
El auto que declare admisible el recurso ordenará la notificación del Procurador o Procuradora
General de la República y de los terceros que hayan sido notificados o participado en vía
administrativa, para que procedan a oponerse al recurso contencioso administrativo de
nulidad, dentro de un lapso de diez días hábiles. Igualmente, ordenará la remisión de los
antecedentes administrativos sobre los cuales se abrirá pieza separada.
Artículo 164
El auto que admite las demandas patrimoniales ordenará la notificación del Procurador o
Procuradora General de la República y la citación del ente estatal agrario demandado, para
que procedan a dar contestación a la demanda interpuesta dentro de un lapso de quince días
hábiles.
Artículo 165
La confesión ficta no operará contra los entes estatales agrarios. En caso de falta de
contestación a la demanda, ésta se considerará contradicha en todas sus partes.
Artículo 166
Se notificará al Procurador o Procuradora General de la República de toda demanda o recurso
que sea interpuesta contra cualquier ente agrario o contra cualquier acto administrativo
agrario, así como cuando sean dictadas sentencias interlocutorias o definitivas. La falta de
notificación al Procurador o Procuradora General de la República, dará lugar a la reposición de
la causa de oficio o a instancia de éste.
Artículo 167
A solicitud de parte, y sin perjuicio de otros poderes cautelares que la legislación otorga a los
jueces o juezas el Tribunal de la causa podrá suspender, en todo o en parte, los efectos del
acto administrativo recurrido, sólo cuando el peticionante compruebe que su inmediata
ejecución comporta perjuicios o gravámenes irreparables o de difícil reparación por la
definitiva y acompañe garantía suficiente dentro de los cinco días hábiles siguientes al auto
que la acuerde.
En todo caso, el juez o jueza deberá analizar los intereses colectivos en conflicto pudiendo
negar la medida cautelar peticionada si comprueba que la falta de ejecución del acto comporta
perjuicios al entorno social.
El juez o jueza de la causa será responsable personal y patrimonialmente en caso de que las
garantías otorgadas no resulten suficientes para salvaguardar los intereses públicos, quedando
a salvo las sanciones disciplinarias a que haya lugar.
La medida acordada podrá ser revocada, de oficio o instancia de parte, por falta de impulso
procesal de la parte beneficiada, cuando no se consigne la garantía suficiente dentro del lapso
antes señalado, o cuando hayan variado las circunstancias iniciales que la justificaron.
En caso de que cualquiera de las medidas cautelares sea peticionada por los representantes de
los entes estatales agrarios no se exigirá garantía alguna, ni tampoco podrá revocarse por falta
de impulso procesal.
Tampoco será exigida garantía alguna para aquellos accionantes beneficiarios de la presente
Ley, que carezcan de recursos económicos y lo comprueben fehacientemente.
Artículo 168
Sin perjuicio de los poderes de oficio del juez o jueza a que se refiere el artículo 152 del
presente Título, cuando alguna parte solicite cualquier medida cautelar, el juez o jueza
ordenará la realización de una única audiencia oral, a los fines de conocer la posición de las
partes en conflicto. Una vez concluida la audiencia oral, el juez o jueza de la causa decidirá
inmediatamente sobre la petición cautelar. Dicha decisión sólo podrá diferirse por cuarenta y
ocho horas, en caso de que el juez o jueza lo considere necesario para un mejor conocimiento
del asunto.
Artículo 169
Al día siguiente del vencimiento de la oportunidad para la contestación de la demanda o de la
oposición al recurso, la causa quedará abierta a pruebas sin necesidad de auto expreso, fecha
a partir de la cual se empezará a computar un lapso de tres días hábiles para la promoción de
pruebas. Vencido este lapso se agregarán las pruebas pudiéndose oponer la parte a la
admisión de las mismas dentro del primer día de despacho siguiente. Dentro de los tres días
hábiles siguientes el Tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad de las mismas. La apelación
contra el auto que niegue la admisión de las pruebas sólo tendrá efecto devolutivo y podrá
Interponerse dentro de los tres días hábiles siguientes.
Las partes podrán evacuar las pruebas que hayan sido admitidas dentro de un lapso de diez
días hábiles.
Artículo 170
Se admitirán como medios de prueba los previstos en el Código Civil, el Código de
Procedimiento Civil y otras leyes. No obstante, ni las autoridades ni los representantes legales
de los entes agrarios, estarán obligados a absolver posiciones juradas ni a prestar juramento
decisorio. La confesión espontánea del funcionario público o funcionaria pública, o de los
sustitutos o sustitutas no tendrá valor probatorio.
Artículo 171
La prueba de experticia podrá acordarse de oficio o a instancia de parte, por un único experto
designado por el juez o jueza de la causa, quien le fijará un lapso prudencial para que rinda su
dictamen.
El dictamen consignado por el experto no será vinculante para el juez o jueza, quien podrá
apartarse si existen otros medios de prueba que produzcan suficientes elementos de
convicción que consten, tanto en el expediente de la causa como en el expediente
administrativo.
Artículo 172
No habrá lugar a la apertura del lapso probatorio cuando la controversia fuere de mero
derecho, o bien cuando el demandante o recurrente y el representante de los entes estatales
agrarios, así expresamente lo convengan.
Artículo 173
Vencido el lapso probatorio se fijará uno de los tres días de despacho siguientes para el acto
de informes, el cual se llevará a cabo en audiencia oral. Verificada o vencida la oportunidad
fijada para informes, la causa entrará en estado de sentencia, la cual deberá ser dictada por el
Tribunal dentro de un lapso de sesenta días continuos.
Artículo 174
La apelación podrá interponerse en el Tribunal de la causa para ante la Sala de Casación Social
del Tribunal Supremo de Justicia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de
publicación de la sentencia, si ésta se hubiere dictado dentro del lapso previsto en el artículo
anterior, o a partir de la notificación de las partes si fuere dictada fuera del lapso.
Artículo 175
La apelación deberá contener las razones de hecho y de derecho en que se funde.
CapítuloIII
De la Segunda Instancia
Artículo 176
Transcurridos cinco días hábiles siguientes a la oportunidad en que se de cuenta en la Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de un expediente enviado en virtud de
apelación, la causa quedará abierta a pruebas sin necesidad de auto expreso, fecha a partir de
la cual se empezará a computar un lapso de tres días hábiles para la promoción de pruebas.
Vencido el lapso anterior se agregarán las pruebas pudiendo hacer oposición a la admisión de
las mismas dentro del día de despacho siguiente. Dentro de los tres días hábiles siguientes la
Sala se pronunciará sobre la admisibilidad de las mismas.
Las partes podrán evacuar las pruebas que hayan sido admitidas dentro de un lapso de cinco
días hábiles.
Artículo 177
Vencido el último de los términos señalados en el artículo anterior, empezará a computarse un
lapso de diez días hábiles para que tenga lugar la audiencia oral para los informes.
Artículo 178
Vencido el lapso a que se refiere el artículo anterior la causa entrará en estado de sentencia, la
cual habrá de dictarse dentro de los treinta días continuos siguientes.
CapítuloIV
Disposiciones Comunes al Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario y a las Demandas
contra los Entes Estatales Agrarios
Artículo 179
El lapso de caducidad de los recursos contenciosos administrativos contra cualquiera de los
actos administrativos agrarios será de sesenta días continuos, contados a partir de la
notificación del particular o de su publicación en la Gaceta Oficial Agraria y en un diario de
mayor circulación regional.
Artículo 180
El lapso de prescripción de las demás acciones se regirá por las disposiciones contenidas en el
derecho común.
Artículo 181
Se entenderán como días continuos, aquellos días calendario, sin que su cómputo se vea
alterado por los días feriados o no laborables.
En todo caso, el período de vacaciones judiciales no será computado para ningún lapso.
Artículo 182
La perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de parte opositora, cuando hayan
transcurrido seis meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la
parte actora. La inactividad del juez o jueza después de vista la causa, o habiéndose producido
la paralización por causas no imputables a las partes, no producirá la perención.
Artículo 183
El antejuicio administrativo para la interposición de las demandas patrimoniales contra
cualquiera de los entes agrarios se regirá por las disposiciones contempladas en la Ley que
regule la Procuraduría General de la República.
CapítuloV
De la Sala Especial Agraria
Artículo 184
Dada la especialidad e interés social de la materia regulada en la presente Ley, será de la
competencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, además de las
atribuciones que le confiere la Constitución de la República y las leyes de la República, las
siguientes:
1. De los recursos de interpretación que sean interpuestos sobre normas contenidas en la
presente Ley.
2. De los recursos de casación en materia agraria.
3. De las apelaciones o consultas de las sentencias dictadas por los tribunales superiores
contencioso administrativos agrarios y demás asuntos contenciosos administrativos
relacionados con la materia regulada en la presente Ley.
4. Cualquier otra competencia que las leyes le atribuyan.
Artículo 185
La Sala Especial Agraria estará integrada por dos Magistrados o Magistradas de la Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y un conjuez o conjueza de la citada Sala, que
fungirá como ponente permanente para el conocimiento de las causas.
Este conjuez será designado mediante el voto favorable de los miembros de la Sala de
Casación Social.
CapítuloVI
Procedimiento Ordinario Agrario
Artículo 186
Las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias
serán sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria, conforme al
procedimiento ordinario agrario, el cual se tramitará oralmente, a menos que en otras leyes se
establezcan procedimientos especiales.
Artículo 187
La forma escrita de los actos sólo será admitida en los casos expresamente consagrados en las
disposiciones del presente título y cuando deban practicarse pruebas antes del debate oral
que requieran el levantamiento de un acta.
Los principios de oralidad, brevedad, concentración, inmediación y publicidad son aplicables al
procedimiento ordinario agrario.
Las disposiciones y formas del procedimiento oral son irrenunciables, no pudiendo relajarse
por convenio de las partes ni por disposición del juez o jueza. Su incumplimiento será causa de
reposición de oficio o a instancia de parte.
Artículo 188
La causa se sustanciará oralmente en audiencia o debate.
Las pruebas se evacuarán por los interesados o interesadas en el debate oral, salvo que por su
naturaleza deban practicarse fuera de la audiencia. En este caso, la parte promovente de la
prueba tratará oralmente de ella en la audiencia y la parte contraria podrá hacer al tribunal
todas las observaciones que considere pertinentes sobre el mérito de la misma.
Si la prueba practicada fuera de la audiencia es la de experticia, se oirán en el debate oral las
exposiciones y conclusiones orales de los expertos y las observaciones que formulen las partes,
sin lo cual la prueba carecerá de eficacia y será desestimada por el juez o jueza.
Las experticias judiciales las ejecutará un solo experto designado por el juez o jueza, quien
fijará un plazo breve para la realización de la misma.
El juez o jueza podrá hacer los interrogatorios que considere necesarios a las partes, a los
testigos y a los peritos, en la audiencia o debate oral.
Artículo 189
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los actos y pruebas cuya realización se
disponga fuera de la audiencia, se cumplirán bajo la dirección del mismo juez o jueza que debe
pronunciar la sentencia.
Artículo 190
Los jueces o juezas podrán decretar providencias y autos tendentes a esclarecer y aligerar de
oficio los trámites de actuaciones y pruebas. Igualmente, podrán dar por terminados los actos
de examen de testigos y de posiciones juradas cuando lo consideren pertinente. Podrán
igualmente solicitar asesoramiento técnico con el objeto de requerir dictámenes a
funcionarios expertos o funcionarias expertas, sin carácter vinculante para el juez o jueza.
Artículo 191
Los jueces o juezas agrarios podrán ordenar la práctica de cualquier medio probatorio que
consideren necesario para el mejor esclarecimiento de la verdad.
Artículo 192
Los jueces o juezas agrarios podrán ordenar de oficio la evacuación de pruebas que hayan sido
promovidas por las partes y no hubiesen sido evacuadas.
Artículo 193
En todo estado y grado del proceso las partes podrán acordar, previa aprobación del juez o
jueza, la abreviación y concentración de los actos a fin de reducir los términos y lapsos
procesales.
Artículo 194
Las partes podrán celebrar transacción en cualquier estado y grado de la causa. El juez o jueza
de la causa dictará auto que niegue la homologación de la transacción cuando considere que
se lesionan los derechos e intereses protegidos por esta Ley.
Igualmente, lo negará, cuando el objeto de la transacción verse sobre un derecho de
naturaleza no disponible o sea materia sobre la cual estén prohibidas las transacciones o las
partes no tengan capacidad para transigir.
Artículo 195
En cualquier estado y grado de la causa, antes de la sentencia, podrá el juez o jueza instar a las
partes a la conciliación, exponiéndoles las razones de conveniencia, fundamentando las
mismas en la búsqueda de la eficacia de la justicia material.
El juez o jueza no podrá instar a las partes a conciliar cuando se trate de materias en las cuales
estén prohibidas las transacciones.
Artículo 196
El juez o jueza agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la
Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez
o jueza agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a
objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos
naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina,
desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades
públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional.
CapítuloVII
La Competencia
Artículo 197
Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se
promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos:
1. Acciones declarativas, petitorias, reivindicatorias y posesorias en materia agraria.
2. Deslinde judicial de predios rurales.
3. Acciones relativas al uso, aprovechamiento, constitución de servidumbres y demás derechos
reales, para fines agrarios.
4. Acciones sucesorales sobre bienes afectos a la actividad agraria.
5. Acciones derivadas del derecho de permanencia.
6. Procedimientos de desocupación o desalojos de fundos.
7. Acciones derivadas de perturbaciones o daños a la propiedad o posesión agraria.
8. Acciones derivadas de contratos agrarios.
9. Acciones de indemnización de daños y perjuicios derivados de la actividad agraria.
10. Acciones originadas con ocasión a la constitución del patrimonio familiar agrario.
11. Acciones derivadas de conflictos suscitados entre sociedades de usuarios, uniones de
prestatarios, cooperativas y demás organizaciones de índole agraria.
12. Acciones derivadas del crédito agrario.
13. Acciones, y controversias surgidas del uso, aprovechamiento, fomento y conservación de
los recursos naturales renovables que determine la ley.
14. Acciones derivadas del uso común de las aguas de regadío y de las organizaciones de
usuarios de las mismas.
15. En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la
actividad agraria.
Artículo 198
Se consideran predios rústicos o rurales, para los efectos de esta Ley, todas las tierras con
vocación de uso agrario fijadas por el Ejecutivo Nacional.
CapítuloVIII
Introducción y Preparación de la Causa
Artículo 199
El procedimiento oral agrario comenzará por demanda oral, sin perjuicio que pueda ser
Interpuesta en forma escrita. En caso de demanda oral, el juez o jueza ordenará que sea
reducida a escrito en forma de acta, para ser agregada al expediente contentivo de la causa y
contendrá la identificación del demandante y del demandado, el objeto de la pretensión
determinado con precisión, así como los motivos de hecho y los fundamentos de derecho en
que se funda la demanda, con las pertinentes conclusiones.
En caso de presentar oscuridad o ambigüedad el libelo de la demanda, el juez o jueza de la
causa apercibirá al actor para que dentro de los tres días de despacho siguientes proceda a
subsanar los defectos u omisiones que presente su libelo. De no hacerlo en el lapso el juez o
jueza negará la admisión de la demanda. El actor deberá acompañar con el libelo, toda la
prueba documental de que disponga, que sirva como instrumento fundamental de su
pretensión. En caso de promover testigos, deberá mencionar su nombre, apellido y domicilio,
los cuales deberán deponer su testimonio en la audiencia oral o probatoria. Igualmente, podrá
promover posiciones juradas. Ninguna de estas pruebas será admitida con posterioridad a este
acto, a menos que se trate de documentos públicos y se indiquen en el libelo los datos de la
oficina o lugar donde se encuentren.
Si el actor incoa la causa sin estar asistido de abogado o abogada el juez o jueza procederá a
notificar al funcionario o funcionaria al cual corresponda la defensa de los beneficiarios o
beneficiarias de esta Ley.
Artículo 200
En el auto de admisión se emplazará al demandado o demandada para que ocurra a contestar
la demanda, dentro de los cinco días de despacho siguientes más el término de la distancia a
que hubiere lugar, contados a partir que conste en autos la citación del demandado o
demandada, o la del último de ellos si fueren varios. Igualmente, se ordenará que se libren las
compulsas del libelo de la demanda o del acta que haga sus veces así como las boletas
respectivas a objeto de practicar la citación del mismo.
Artículo 201
El o la alguacil practicará la citación personal del demandado dentro de un lapso de tres días, el
cual comenzará a computarse a partir del día siguiente que conste en autos haberse librado la
respectiva boleta de citación. Se les exigirá recibo debidamente firmado que se agregará al
expediente. La misma será practicada en la persona o personas demandadas, en la morada de
ellas o en el lugar donde se hallen, a menos que estén en el ejercicio de alguna función pública
o en templo.
Artículo 202
En caso de no encontrarse el demandado o no poderse practicar personalmente la citación en
el lapso fijado anteriormente, el o la alguacil expresará mediante diligencia las resultas de su
misión, ante lo cual se librarán sendos carteles de emplazamiento, los cuales se procederán a
fijar uno en la morada de éste y el otro en las puertas del tribunal; así mismo, se publicará el
referido cartel en la Gaceta Oficial Agraria y en un diario de mayor circulación regional.
Emplazado el demandado por dicho cartel, concurrirá a darse por citado en el término de tres
días de despacho, contados a partir del día siguiente al que el secretario haya dejado
constancia en autos de la fecha en que se produjo la fijación cartelaria, así como la
consignación del diario regional donde se hubiere publicado el cartel, apercibiéndole que en
caso de no acudir, su citación se entenderá con el funcionario o funcionaria al cual
corresponda la defensa de los beneficiarios o beneficiarias de esta Ley.
Artículo 203
Podrá además practicarse la citación personal del demandado o la demandada a través de
cualquier otro alguacil o notario en la circunscripción judicial del tribunal. Los jueces o juezas
librarán la comisión respectiva a los efectos de practicar la citación, cuando el demandado o
demandada se encuentre fuera de la circunscripción donde tenga su asiento el tribunal.
Artículo 204
Se admitirá la reforma de la demanda por una única vez, siempre y cuando se produzca antes
de contestada la misma.
En caso de reforma, el juez o jueza deberá pronunciarse sobre su admisibilidad, concediendo al
demandado otros cinco días de despacho para la contestación, sin necesidad de nueva
citación.
Artículo 205
Dentro del lapso de emplazamiento, el demandado o demandada contestará en forma oral la
demanda, sin perjuicio de que ésta pueda ser formulada en forma escrita. Deberá expresar con
claridad si contradice en todo o en parte la demanda, o si conviene en ella total o
parcialmente, y las defensas perentorias que creyere conveniente alegar en su defensa.
En su contestación, el demandado o demandada deberá determinar con claridad cual hecho
invocado en el libelo admite como cierto y cual niega o rechaza, expresando así mismo lo que
creyere conveniente alegar. De no ser así, se tendrán por admitidos aquellos hechos indicados
en el libelo, respecto a los cuales al contestarse la demanda, no se hubieren desestimado, ni
aparecieran desvirtuados por ninguno de los elementos en el proceso. En caso de contestación
oral, el juez o jueza ordenará que sea reducida a escrito en forma de acta, para ser agregada al
expediente contentivo de la causa.
La prueba documental, de testigos y las posiciones juradas, deberán ser promovidas en el acto
de la contestación de la demanda. Ninguna de estas pruebas será admitida con posterioridad a
este acto, a menos que se trate de documentos públicos y se halle indicado en el libelo, la
oficina o lugar donde se encuentren.
Artículo 206
En el mismo acto de contestación de la demanda, el demandado o demandada podrá oponer
cuestiones previas debiendo las mismas ser decididas antes de la fijación de la audiencia
preliminar.
Artículo 207
En el caso que se opongan las cuestiones previas, a que se contrae el ordinal 1 del artículo 346
del Código de Procedimiento Civil, el juez o jueza decidirá en el quinto día siguiente a la
preclusión del lapso de emplazamiento, ateniéndose a lo que resulte de la demanda, de la
contestación y de los instrumentos fundamentales opuestos con la misma.
La decisión que se dicte sólo será recurrible mediante la solicitud de regulación de jurisdicción
por ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; o la solicitud de
regulación de competencia por ante el Tribunal Superior. Sólo en caso que el tribunal en su
decisión decline y haya sido ejercida la regulación de la jurisdicción, se suspenderá el proceso
hasta tanto se produzca la decisión de la Sala respectiva.
Si se confirmare la falta de jurisdicción del juez o jueza se extinguirá el proceso. En los casos de
Incompetencia se pasarán los autos al juez o jueza competente para que continúe conociendo.
Artículo 208
Si se oponen las cuestiones previas previstas en los ordinales 2°, 3º, 4º, 5º y 6° del artículo 346
del Código de Procedimiento Civil, el o la demandante podrá subsanarlas voluntariamente
dentro del lapso de cinco días de despacho, contados a partir del día siguiente a la preclusión
del lapso de emplazamiento, sin que se causen costas por la subsanación del defecto u
omisión. En todo caso, si el demandado o demandada objetare la subsanación, el juez o jueza
dictará una decisión respecto a la incidencia abierta.
Por el contrario, si el o la demandante no subsana voluntariamente, se abrirá una articulación
probatoria, precluido que fuere el lapso de subsanación voluntaria, de ocho días de despacho,
siempre y cuando así lo solicite expresamente alguna de las partes. En este caso, el Tribunal
resolverá al día siguiente de despacho al último de la articulación. Si no hay lugar a la
articulación, el juez o jueza decidirá al tercer día de despacho siguiente al vencimiento del
lapso de cinco días en el cual fueron opuestas las cuestiones previas.
En caso de ser declaradas con lugar las cuestiones previas, el actor deberá proceder a
subsanar, según se trate, a tenor de lo establecido en el artículo 350 del mismo Código de
Procedimiento Civil, dentro de los cinco días de despacho siguientes a la decisión, so pena de
extinción del proceso, no pudiendo Incoarse nueva demanda, si no han transcurrido que
fueren sesenta días continuos a la preclusión de dicho lapso.
Artículo 209
Respecto a las cuestiones previas contempladas en los ordinales 7°, 8º, 9º, 10º y 11° del
artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, la parte demandante, dentro de un lapso de
cinco días de despacho contados a partir del lapso de emplazamiento, manifestará si conviene
en ellas o si las contradice. El silencio se entenderá como admisión de las cuestiones no
contradichas expresamente y tendrá como efecto la extinción del proceso en los casos de los
ordinales 9°, 10°, 11°, y la suspensión del mismo en los casos de los ordinales 7° y 8° del
artículo 346 ejúsdem.
Por el contrario, si existiere contradicción y cuando así expresamente lo pidiera una de las
partes, se abrirá una articulación probatoria de ocho días de despacho, debiendo el juez o
jueza decidir al primer día de despacho siguiente al vencimiento de dicha articulación. Si no
hubiere lugar a la articulación, el juez o jueza decidirá al tercer día de despacho siguiente al
vencimiento del lapso de cinco días en el cual fueron opuestas las cuestiones previas.
La decisión del juez o jueza respecto de las cuestiones previas establecidas en los ordinales 7 y
8 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, no tendrá apelación en ningún caso. La
decisión de las cuestiones previas de los ordinales 9, 10 y 11 del artículo 346 ejúsdem, tendrá
apelación libremente siempre y cuando fueran declaradas con lugar.
De la misma forma el demandado podrá oponer la cosa juzgada, la caducidad y la prohibición
expresa de la ley de admitir la acción propuesta como defensas de fondo, las cuales serán
resueltas en la sentencia definitiva.
Artículo 210
Podrá oponer como cuestiones perentorias de fondo, la falta de cualidad o interés en la
persona del actor o demandado o demandada y la prescripción, las cuales deberán ser
resueltas como punto previo a la sentencia de mérito.
Artículo 211
Si el demandado o demandada no diere contestación oportuna a la demanda, se invertirá la
carga de la prueba; y si nada probare que le favorezca y la pretensión del actor no es contraria
a derecho, se le tendrá por confeso. En caso de no concurrir el demandado o demandada a
contestar la demanda durante el lapso de emplazamiento, se abrirá, de pleno derecho, un
lapso de promoción de pruebas de cinco días, a objeto que el demandado o demandada pueda
promover todas las pruebas de que quiera valerse, absteniéndose el juez o jueza de fijar la
audiencia preliminar hasta tanto transcurra dicho lapso. Precluido el mismo, sin que el
demandado o demandada haya promovido prueba alguna, el juez o jueza deberá proceder a
sentenciar la causa sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento del
lapso de promoción. En todo caso a los fines de la apelación, se dejará transcurrir
íntegramente el lapso citado si la sentencia es pronunciada antes de su vencimiento.
Artículo 212
Si el demandado o demandada promovió pruebas, el juez o jueza deberá pronunciarse al día
siguiente del vencimiento del lapso probatorio sobre la admisión de las mismas. Si se tratare
de inspecciones o experticias, el juez o jueza fijará un lapso para su evacuación.
El juez o jueza fijará la audiencia de pruebas dentro de los quince días siguientes a la admisión
de las mismas, a no ser que se encuentren pendientes de evacuación, inspecciones judiciales y
experticias, en cuyo caso la audiencia de pruebas se verificará dentro de los quince días
siguientes a la evacuación de las mismas.
CapítuloIX
Reconvención
Artículo 213
El demandado o demandada podrá proponer en el acto de contestación de la demanda,
reconvención en contra del demandante. El juez o jueza se pronunciará sobre la admisibilidad
de la reconvención al día siguiente de su proposición y la declarará inadmisible si se refiere a
cuestiones para cuyo conocimiento carezca de competencia o que deban ventilarse por un
procedimiento incompatible con el procedimiento oral.
Artículo 214
Si la reconvención fuere propuesta en forma verbal, la misma deberá ser reducida a acta,
expresando con claridad y precisión su objeto y su fundamento.
El demandado o demandada reconviniente deberá acompañar a la reconvención, las pruebas
documentales de que disponga y el listado de los testigos, y no se le podrán admitir después,
salvo que se trate de documentos públicos, en cuyo caso deberá indicar la oficina donde se
encuentren.
Artículo 215
El o la demandante reconvenido deberá contestar la reconvención al quinto día de despacho
siguiente a la admisión, so pena de incurrir en confesión ficta respecto a la misma si no es
contraria a derecho y nada probare que le favorezca. Contestada la reconvención procederá el
juez o jueza a fijar la audiencia preliminar, continuando la demanda y la reconvención en un
solo trámite, hasta la sentencia definitiva, la cual deberá comprender ambas cuestiones.
CapítuloX
Intervención de Terceros
Artículo 216
Cuando en la oportunidad de la contestación de la demanda alguna de las partes solicitare la
intervención de terceros a que se refieren los ordinales 4° y 5° del artículo 370 del Código de
Procedimiento Civil, se suspenderá el procedimiento oral, debiéndose fijar la audiencia
preliminar para el día siguiente a la contestación de la cita o de la última de éstas, si fueren
varias, de modo que se siga un único procedimiento.
Artículo 217
En los casos de intervención de terceros a que se contraen los ordinales 1°, 2° y 3° del artículo
370 del Código de Procedimiento Civil, sólo podrán proponerse antes del vencimiento del
lapso de promoción de pruebas.
Si se tratare de la intervención de terceros prevista en el ordinal 1° del citado artículo 370, el
procedimiento principal se suspenderá hasta tanto concluya el lapso de prueba en el
procedimiento de tercería, en cuyo momento se acumulará al juicio principal. Dicha
suspensión no podrá durar más de sesenta días sea cual fuere el número de tercerías
propuestas.
Artículo 218
La intervención adhesiva de terceros contemplada en el ordinal 3° del artículo 370 del Código
de Procedimiento Civil no suspende el procedimiento principal. Igualmente, no dará lugar a
sustanciación separada del expediente principal. La oportunidad para que intervenga el
tercero adhesivo precluye con el vencimiento del lapso probatorio, pudiendo participar en la
audiencia preliminar y en el debate oral si su comparecencia ocurrió antes de la fijación de la
primera audiencia; o en el debate oral si ocurrió con posterioridad.
Artículo 219
El procedimiento de tercería se tramitará con arreglo al procedimiento oral agrario establecido
en el presente Título.
CapítuloXI
Audiencia Preliminar
Artículo 220
Verificada oportunamente la contestación de la demanda o subsanadas o decididas que
hubieren sido las cuestiones previas propuestas, o contestada la reconvención, el tribunal
fijará dentro de los tres días de despacho siguientes, el día y la hora en que tendrá lugar la
audiencia preliminar. No habrá lugar a la audiencia preliminar cuando el demandado o
demandada no haya contestado la demanda y hubiere promovido pruebas dentro del lapso
establecido en el artículo 216. En dicha audiencia cada parte podrá expresar si conviene en
alguno o algunos de los hechos, determinando con claridad aquéllos que consideren que han
sido admitidos o han quedado probados en la demanda o en la contestación, así como los
medios de pruebas que consideren impertinentes, ilegales o dilatorios. Igualmente, las partes
señalarán las pruebas que se proponen aportar al debate oral.
Artículo 221
El tribunal, por auto razonado, hará la fijación de los hechos y de los límites dentro de los
cuales quedó trabada la relación sustancial controvertida, fijando un lapso dentro del cual se
deberán evacuar las pruebas que por su complejidad o naturaleza no puedan evacuarse en la
audiencia probatoria; todo esto sin perjuicio de que las partes no hubiesen concurrido a la
audiencia preliminar.
Igualmente, abrirá el lapso probatorio de cinco días para promover pruebas sobre el mérito de
la causa.
Al día siguiente del vencimiento del lapso, el juez o jueza deberá pronunciarse mediante auto,
sobre la admisión de las pruebas, fijando el lapso para la evacuación de las que se practicarán
antes del debate o audiencia oral, teniendo en cuenta la complejidad de las mismas. En ningún
caso el lapso de evacuación de las pruebas podrá exceder de treinta días continuos.
CapítuloXII
Audiencia de Pruebas
Artículo 222
Verificada la audiencia preliminar y habiendo sido evacuadas las pruebas ordenadas en la
misma, el tribunal fijará dentro de los quince días calendario siguientes, la fecha y hora en que
se celebrará la audiencia probatoria.
Artículo 223
La audiencia o debate probatorio será presidido por el juez o jueza en presencia de las partes o
de sus apoderados. Si ninguna de las partes comparece a la audiencia, el proceso se extingue,
con los efectos indicados en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil. Si solamente
concurre unas de las partes, se oirá su exposición oral y se practicarán las pruebas que le
hayan sido admitidas, sin evacuar las pruebas de la parte que no compareció.
Artículo 224
Previa una breve exposición oral, tanto del actor como del demandado o demandada, se
recibirán las pruebas de ambas partes. En esta audiencia no se permitirá a las mismas, ni la
presentación, ni la lectura de escritos, salvo que se trate de algún instrumento documental que
constituya un medio de prueba existente en los autos a cuyo tenor deba referirse la exposición
oral, o se traten de datos de difícil recordación.
Artículo 225
Las pruebas se evacuarán en el debate oral, salvo que por su naturaleza deban evacuarse en
forma anticipada. Las pruebas evacuadas fuera de la audiencia de pruebas carecen de valor
probatorio si no son tratadas oralmente en el debate.
La parte promovente tratará verbalmente de las pruebas promovidas pudiendo la parte
contraria hacer todas las observaciones pertinentes sobre el resultado o mérito de la misma.
El juez o jueza podrá interrogar a los testigos, a los expertos y a las propias partes en el debate
probatorio, pudiendo igualmente en caso de formulación de posiciones juradas, de
repreguntas de los testigos, de observaciones de los expertos o de cualquier otra prueba,
hacer cesar las observaciones de la parte contraria.
En la audiencia oral se evacuarán los testigos, se absolverán posiciones juradas y el
reconocimiento de documentos. Las partes deben presentar a los testigos sin necesidad de
citación previa. En caso de absolución de posiciones juradas, debe haberse citado previamente
al absolvente.
Se levantará acta de las resultas de la audiencia probatoria, dejándose un registro o grabación
de la audiencia por cualquier medio técnico de reproducción o grabación.
Si no se concluye con la evacuación de las pruebas, el juez o jueza fijará otra oportunidad para
que continúe la audiencia oral, bien sea oficiosamente o a solicitud de parte y así cuantas
audiencias sean necesarias hasta agotar el debate probatorio.
Artículo 226
Concluido el debate oral, el juez o jueza se retirará de la audiencia por un tiempo perentorio.
Vuelto a la Sala, pronunciará oralmente su decisión expresando el dispositivo del fallo y una
síntesis precisa y lacónica de los motivos de hecho y de derecho en que funda su decisión, sin
necesidad de narrativa ni de transcripciones de actas o de documentos que consten en los
autos.
Artículo 227
Dentro del lapso de diez días después de finalizada la audiencia con el pronunciamiento verbal
del juez o jueza, la sentencia deberá extenderse completamente por escrito y ser agregada al
expediente, dejando constancia el secretario del día y de la hora de su consignación.
El fallo deberá contener los requisitos del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 228
La sentencia definitiva es apelable a ambos efectos, dentro de un lapso de cinco días de
despacho, computados a partir del día siguiente de la publicación del fallo o de la notificación
de las partes si el mismo hubiere sido publicado fuera del lapso establecido en el artículo
anterior.
En el procedimiento oral las sentencias interlocutorias son inapelables, salvo disposición
especial en contrario.
CapítuloXIII
Procedimiento en Segunda Instancia
Artículo 229
Oída la apelación, al ser recibidos los autos, el Juzgado Superior Agrario les dará entrada y
fijará un lapso de ocho días de despacho para promover y evacuar las pruebas permitidas en
segunda instancia. El Juzgado podrá instruir, las que crea conveniente. En la alzada podrán
producirse las pruebas de Instrumentos públicos, posiciones juradas y el juramento decisorio.
Precluido el lapso probatorio, se fijará una audiencia oral, la cual se verificará al tercer día de
despacho siguiente a la preclusión del lapso anterior, en la cual se evacuarán las pruebas y se
oirán los informes de las partes.
Verificada esta audiencia, se dictará sentencia en audiencia oral dentro de los tres días de
despacho siguientes a la preclusión de la misma. El juez o jueza deberá extender la publicación
del fallo en el expediente, dentro de los diez días continuos siguientes al proferimiento oral de
la sentencia.
CapítuloXIV
Ejecución de la Sentencia
Artículo 230
Los juzgados de primera instancia agraria ejecutarán las sentencias definitivamente firmes o
cualquier otro acto equivalente que tenga fuerza de cosa juzgada.
Artículo 231
Cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, el tribunal, a petición de parte,
ordenará el cumplimiento voluntario del fallo. El tribunal fijará un lapso que no será menor de
tres días ni mayor de seis, para que se efectúe el cumplimiento voluntario.
Transcurrido el lapso establecido sin que se hubiese cumplido voluntariamente la sentencia, se
procederá a la ejecución forzosa.
Artículo 232
Cualquier incidencia que surja durante la ejecución de la sentencia se tramitará y resolverá
mediante el procedimiento establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.
CapítuloXV
Recurso de Casación Agrario
Artículo 233
El recurso de casación puede proponerse contra los fallos definitivos de segunda instancia, que
presenten disconformidad con los de la primera, siempre y cuando la cuantía de la demanda
sea igual o superior a cinco mil de bolívares (Bs. 5.000,00).
De igual manera, podrá interponerse contra las sentencias interlocutorias con fuerza de
definitiva, que tengan como efecto la extinción del proceso, siempre y cuando contra la misma
se hubiere agotado la vía de recurribilidad ordinaria. Así mismo, contra la decisión que declare
sin lugar el recurso de hecho.
Artículo 234
Podrán ser denunciados en Casación tanto los vicios por defecto de actividad, como de fondo
establecidos en el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 235
El o la recurrente deberá anunciar ante el Juzgado Superior Agrario que profirió el fallo, el
recurso de casación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la sentencia
definitiva, que ponga fin al juicio o impida su continuación.
Artículo 236
A los efectos del anuncio del recurso de casación, en caso de no ser publicada la sentencia en
el lapso establecido, deberán ser notificadas las partes de dicha publicación, sin lo cual no
comenzará a computarse el lapso para el anuncio.
Artículo 237
Al día siguiente de la preclusión del lapso para el anuncio, el Tribunal de Alzada se pronunciará
admitiendo o negando el mismo. El secretario dejará constancia en el auto de admisión de la
fecha en que precluyó el lapso hábil para el anuncio.
El auto por el cual se declare inadmitido a trámite el recurso de casación, deberá ser
fundamentado.
En caso de no haber habido pronunciamiento oportuno sobre admisión o negativa del recurso,
el anunciante consignará su escrito de formalización directamente ante el Tribunal Supremo
de Justicia.
Artículo 238
El recurso de hecho se sustanciará y decidirá conforme a lo previsto en el artículo 316 del
Código de Procedimiento Civil.
Artículo 239
El lapso para formalizar será de veinte días continuos y consecutivos, computados a partir del
día en que se dictó el auto de admisión del recurso, o del día siguiente a la declaratoria con
lugar del recurso de hecho, más el término de la distancia que se haya fijado entre la sede del
tribunal que dictó la sentencia recurrida y la capital de la República, dentro del cual la parte o
partes recurrentes deberán consignar un escrito razonado que contenga las previsiones
establecidas en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, con especial mención de los
motivos en que se justifique la disconformidad entre la sentencia de primera instancia y la
recurrida.
Sin perjuicio de lo anterior podrá formalizarse el recurso de casación ante el tribunal superior
agrario, el cual remitirá inmediatamente el recurso consignado a la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia.
Artículo 240
La parte contraria podrá impugnar el recurso interpuesto, dentro de los diez días continuos y
consecutivos siguientes. Si se hubiere verificado la impugnación, el recurrente tendrá cinco
días continuos y consecutivos para replicar, pudiendo el o la impugnante contrarreplicar
dentro de los cinco días continuos y consecutivos siguientes. Vencidos los lapsos anteriores
comenzará a computarse un lapso de treinta días continuos y consecutivos, dentro de los
cuales la Sala dictará su fallo.
Artículo 241
No se casará el fallo por defecto de actividad, independientemente que adolezca de vicios de
forma, si el mismo no ha sido determinante en la producción del dispositivo del fallo, si no
hace la sentencia inejecutable, y si no vulnera la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva de
las partes.
La Sala conocerá preferentemente de los vicios de fondo denunciados, procediendo a emitir
directamente el fallo sin reenvío.
Si la recurrida fuere casada por forma, se repondrá la causa al estado procesal en que se haya
producido el vicio formal.
Artículo 242
En todo lo no contemplado en el presente trámite, se seguirán las disposiciones contenidas en
el Código de Procedimiento Civil.
Capítulo XVI
Procedimiento Cautelar
Artículo 243
El juez o jueza agrario podrá dictar oficiosamente medidas cautelares provisionales orientadas
a proteger el interés colectivo, las cuales tendrán por finalidad la protección de los derechos
del productor rural, de los bienes agropecuarios, la utilidad pública de las materias agrarias, así
como también la protección del interés general de la actividad agraria, cuando considere que
se amenaza la continuidad del proceso agroalimentario o se pongan en peligro los recursos
naturales renovables.
Artículo 244
Las medidas preventivas establecidas en el Código de Procedimiento Civil las decretará el juez
o jueza sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y
siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta
circunstancia y del derecho que se reclama.
Artículo 245
Cuando el tribunal encontrare insuficiente la prueba aportada para solicitar las medidas
preventivas, mandará a ampliarla sobre el punto de la insuficiencia, determinándolo con
claridad. Si por el contrario, hallase suficiente la misma, decretará la medida solicitada el
mismo día en que se haga la solicitud.
Artículo 246
Dentro de los tres días siguientes a la ejecución de la medida preventiva, si la parte contra
quien obre estuviere ya citada, o dentro de los tres días siguientes a su citación, la parte contra
quien obre la medida podrá oponerse a ella exponiendo las razones o fundamentos que
tuviere que alegar.
Haya habido o no oposición, se abrirá de pleno derecho una articulación de ocho días para que
los interesados o interesadas promuevan y hagan evacuar las pruebas que convengan a sus
derechos.
En los casos a que se refiere el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil no habrá
oposición, pero la parte podrá hacer suspender la medida como se establece en el artículo 589
del mismo Código.
Artículo 247
Dentro de los tres días siguientes a la preclusión de la articulación probatoria, el tribunal
dictará el fallo. De la sentencia se oirá apelación en un solo efecto.
Capítulo XVII
Desconocimiento de Instrumentos
Artículo 248
El demandado o demandada en su contestación deberá manifestar si reconoce o niega el
instrumento privado acompañado por el o la demandante con su libelo y éste a su vez, si se
produjo con la contestación, deberá hacerlo en la audiencia preliminar. En dicha audiencia, la
parte que produjo el documento podrá proponer la prueba de cotejo, señalando el
instrumento o instrumentos indubitados a tal fin.
Artículo 249
Promovido el cotejo y admitida que sea su evacuación, la misma se sustanciará en el mismo
expediente principal y dentro del lapso de evacuación que haya fijado el juez o jueza en el auto
de admisión de las pruebas. La exposición y conclusión de los expertos sobre la autenticidad
del documento será oída en la audiencia o debate oral.
Artículo 250
Si el cotejo no fuere posible, dicha prueba podrá verificarse también por testigos, debiendo la
parte a quien corresponde la prueba, presentar el listado de los mismos en la audiencia
preliminar.
Artículo 251
El demandado o demandada deberá tachar los documentos acompañados con la demanda en
la oportunidad de la contestación, formalizando fundamentadamente en ese mismo acto la
tacha. Si el presentante insistiera en hacer valer dicho instrumento, contestará la tacha en la
audiencia preliminar.
El o la demandante podrá tachar los documentos acompañados por el demandado o
demandada a su contestación antes de la realización de la audiencia preliminar o en esa misma
audiencia, formalizando fundamentadamente la tacha, pudiendo el demandado o demandada
insistir en hacer valer el instrumento de que se trate, presentando su contestación en dicha
audiencia.
La incidencia de tacha se sustanciará en cuaderno separado.
El juez o jueza, al segundo día de despacho siguiente a la audiencia preliminar, podrá desechar
las pruebas aportadas si no fueren suficientes para invalidar el instrumento. Contra dicha
decisión se oirá apelación en ambos efectos.
Si el juez o jueza encontrare pertinente la prueba de alguno o algunos de los hechos alegados,
determinará en dicho auto cuáles son aquellos sobre los que va a recaer prueba de una u otra
parte. En este caso continuará la tacha según el trámite pautado en los ordinales 4º, 5º, 6º, 7º,
8º, 9º, 10º y 11º al 12º del artículo 442 del Código de Procedimiento Civil.
Concluido el lapso probatorio del procedimiento principal oral, se difiere el procedimiento del
fallo hasta que concluya el trámite de la tacha.
Capítulo XVIII
Procedimientos Especiales
Artículo 252
Las acciones petitorias, el juicio declarativo de prescripción, la acción de deslinde de
propiedades contiguas, se tramitarán conforme a los procedimientos especiales establecidos
en el Código de Procedimiento Civil, adecuándose a los principios rectores del Derecho
Agrario.
Disposiciones Transitorias
Primera
Se suprime y se ordena la liquidación del Instituto Agrario Nacional, regulado por la Ley de
Reforma Agraria, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 610
Extraordinario de fecha 5 de marzo de 1960 y reimpresa en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nº 611 Extraordinario de fecha 19 de marzo de 1960. El proceso de liquidación se
regirá por las normas establecidas en la presente Ley.
Segunda
En virtud de la presente Ley, se transfiere la propiedad y posesión de la totalidad de las tierras
rurales del Instituto Agrario Nacional (IAN) al Instituto Nacional de Tierras (INTI). La Junta
Liquidadora instrumentará el saneamiento y tradición legal de las mismas.
Tercera
El proceso de supresión y consecuente liquidación del Instituto Agrario Nacional (IAN) será
ejecutado por una Junta Liquidadora constituida por cinco miembros, designada por el
Presidente o Presidenta de la República, uno de los cuales la presidirá.
La Junta Liquidadora se considerará válidamente constituida con la presencia de su Presidente
o Presidenta y dos de sus miembros y las decisiones requerirán de la aprobación de por lo
menos tres de sus integrantes.
El Directorio del Instituto Agrario Nacional (IAN) y su Presidente o Presidenta cesarán en sus
funciones al instalarse la Junta Liquidadora y deberán presentar a ésta al momento de su
instalación, un informe de su gestión y balance a la fecha.
Cuarta
El proceso de supresión y consecuente liquidación del Instituto Agrario Nacional (IAN) se
ejecutará en un plazo ordinario de doce meses, contados a partir de la designación de la Junta
Liquidadora. Si transcurrido dicho plazo no se hubieren agotado los actos dirigidos a la
transferencia y liquidación de los activos, así como el pago de los pasivos o quedaren
pendientes procedimientos judiciales en los cuales dicha institución fuere parte, el Ejecutivo
Nacional podrá prorrogar el proceso de liquidación hasta por un máximo de doce (12) meses.
Vencido el plazo ordinario o el de prórroga, de ser el caso, el Ejecutivo Nacional decretará
concluido el proceso de liquidación del Instituto Agrario Nacional (IAN) y designará el
organismo público que ejercerá la representación en nombre de la República de los derechos y
obligaciones del Instituto liquidado.
Quinta
La Junta Liquidadora tendrá las más amplias facultades de dirección y administración del
Instituto Agrario Nacional (IAN) necesarias para su liquidación, a cuyo efecto realizará los actos
y contratos necesarios para:
1. Establecer el activo y el pasivo del Instituto Agrario Nacional (IAN), ordenando a tal fin las
auditorías que fueren necesarias.
2. Perfeccionar la tradición de las tierras rurales que le fueron transferidas en propiedad al
Instituto Nacional de Tierras (INTI) en virtud de la presente Ley, así como transferir los bienes
muebles y otros inmuebles de su propiedad, y los recursos afectados a programas, acciones o
servicios de protección de tierras, que ordene el Ejecutivo Nacional.
3. Transferir al Instituto Nacional de Tierras (INTI) las acciones, cuotas de participación o
cualesquiera otros derechos propiedad del Instituto Agrario Nacional (IAN).
4. Transferir a otros entes del sector público aquellos bienes de su propiedad que ordene el
Ejecutivo Nacional.
5. Formalizar la tradición a terceros, de los bienes cuya transferencia haya sido verificada
mediante acto administrativo definitivamente firme.
6. Enajenar aquellos bienes de su propiedad que no hayan sido transferidos a otros entes,
mediante procedimiento de oferta que garantice la participación del mayor número de
interesados o interesadas.
7. Retirar y liquidar a los funcionarios o funcionarias, empleados públicos o empleadas públicas
y demás trabajadores o trabajadoras del Instituto, de conformidad con la normativa aplicable.
8. Cumplir con las obligaciones exigibles que existan contra el Instituto y el cobro de los
créditos existentes a favor del mismo. El monto de los saldos acreedores o deudores, la forma
de pago y los plazos, podrán ser estipulados en convenios que se celebrarán con los
acreedores o deudores del Instituto, previa opinión favorable del Ministerio del Poder Popular
con competencia en materia de agricultura y tierras.
9. Celebrar contratos para la realización de tareas que resulten indispensables en el proceso de
liquidación del Instituto Agrario Nacional (IAN). Los contratos no podrán exceder el plazo
acordado para la liquidación del Instituto.
10. Ejecutar cesiones de crédito, daciones en pago o compensaciones de derechos y
obligaciones de los cuales es titular el Instituto.
11. Administrar, hasta que se decrete concluido el proceso de liquidación, los bienes que
conforman el patrimonio del Instituto.
12. Constituir fideicomisos tendentes a lograr los fines de la liquidación, cuyo beneficiario sea
el Instituto Nacional de Tierras (INTI).
13. Cumplir los demás actos o contratos que sean necesarios para la liquidación del Instituto.
Sexta
Son atribuciones del Presidente o Presidenta de la Junta Liquidadora:
1. Presidir las reuniones de la Junta Liquidadora.
2. Ejercer la representación judicial del Instituto, otorgar poderes de representación judicial,
así como suscribir toda clase de actos y contratos aprobados por la Junta Liquidadora en uso
de sus atribuciones.
3. Retirar y liquidar el personal que acuerde la Junta Liquidadora.
4. Contratar el personal necesario para la liquidación del Instituto.
5. Ejercer la representación plena del Instituto ante las autoridades políticas, judiciales y
administrativas.
6. Ejecutar las decisiones acordadas por la Junta Liquidadora.
Séptima
Los derechos y obligaciones de naturaleza contractual que en la actualidad tenga el Instituto
Agrario Nacional (IAN), se regirán por lo previsto en los correspondientes contratos. Sin
embargo, los acreedores o acreedoras del Instituto deberán respetar los plazos establecidos en
los mismos para el cumplimiento de las obligaciones estipuladas; sin que por el hecho de
ejecutar la liquidación ordenada, puedan operar mecanismos contractuales o legales que
pretendan hacer exigibles dichas obligaciones como de plazo vencido.
Octava
El monto de las operaciones derivadas de la transferencia en propiedad de los terrenos rurales
cedidos al Instituto Nacional de Tierras (INTI), mediante la presente Ley, así como los que se
deriven de los traspasos y cesiones de los bienes del Instituto Agrario Nacional (IAN) que
deban hacerse a organismos del sector público, será aplicado a la amortización de la deuda
que tenga el Instituto con la República o con los entes públicos que el Ejecutivo Nacional
señale.
Los traspasos y cesión de bienes que se ejecuten de conformidad con la presente disposición,
estarán exentos del pago de cualquier tipo de arancel.
Novena
En caso de que el activo no sea suficiente para cancelar las obligaciones del Instituto, la
República asumirá el saldo de las obligaciones insolutas. A tal fin, el Presidente o Presidenta de
la República en Consejo de Ministros, determinará el órgano del Ejecutivo Nacional con cargo a
cuyo presupuesto se cancelarán las obligaciones pendientes.
Décima
La Junta Liquidadora no podrá realizar las actividades que constituyen el objeto del Instituto
Agrario Nacional (IAN), salvo las que sean imprescindibles para asegurar la liquidación
acordada en esta Ley.
Décima Primera
El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de agricultura y tierras asumirá el
pago de las jubilaciones, pensiones y demás derechos del personal empleado y obrero del
Instituto Agrario Nacional (IAN) que ostente esa condición para la entrada en vigencia de esta
Ley.
Décima Segunda
Quedan excluidos del derecho de adjudicación de tierras, de la garantía de permanencia y
demás beneficios de esta Ley, los ciudadanos y ciudadanas que hayan optado por las vías de
hecho, la violencia o actos ilícitos para ocupar tierras agrarias desde el 1 de octubre de 2001.
Décima Tercera
A los fines previstos en la presente Ley, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), el Instituto
Geográfico de Venezuela Simón Bolívar y el Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT), integrarán una Comisión especial destinada a coordinar la
elaboración de los formularios, normas y procedimientos que se aplicarán por dichos
organismos en relación con la presente Ley, en las materias de su respectiva competencia, con
el fin de facilitar su ejecución conforme a los principios que rigen la Administración Pública. Los
sujetos obligados por la presente Ley a inscribirse en dichos registros deberán cumplir tales
obligaciones en la forma, condiciones y formularios establecidos en dichas normas y
procedimientos de conformidad, acompañando, las probanzas respectivas antes del inicio del
segundo trimestre del año 2002. Las exoneraciones y exenciones previstas en la presente Ley,
sólo serán procedentes para los obligados por la misma que estuvieren inscritos en los
señalados registros.
Décima cuarta
Están exentos del pago del impuesto para el ejercicio fiscal del año 2002, los sujetos pasivos
del mismo, cuando las tierras rurales objeto del impuesto sean iguales o inferiores a cuarenta
hectáreas (40 ha) para el momento de promulgación de la presente Ley y siempre que
estuvieran inscritos en el registro de tierras del Instituto Nacional de Tierras (INTI) y en los
registros del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT),
para el primer trimestre del año 2002. El impuesto previsto en esta Ley entrará en vigencia con
la publicación de la presente Ley en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
pero el ejercicio fiscal para los sujetos pasivos del mismo se iniciará el primero de enero de
2002.
Décima quinta
Hasta tanto se implemente la Gaceta Oficial Agraria los actos previstos en esta Ley cuya
divulgación sea necesaria serán publicados en la Gaceta Oficial de la República.
Décima Sexta
Los ocupantes de tierras con vocación de uso agrícola que a la entrada en vigencia de la
presente Ley, aprovechen dicha tierra mediante cualquier forma de tercerización, deberán
notificar de tal circunstancia al Instituto Nacional de Tierras (INTI), dentro de los ciento
ochenta días siguientes de la publicación de la presente Ley en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela, con la finalidad que el mismo regule o inicie los procedimientos
administrativos correspondientes estipulados en la presente Ley.
Décima Séptima
Los artículos del Título V “De la Jurisdicción Especial Agraria”, contentivo de los Capítulos I
hasta el Capítulo XIX, continuarán vigentes, hasta tanto entre en vigencia la nueva Ley
Orgánica Procesal Agraria.
Disposiciones Derogatorias
Primera
Se deroga la Ley de Reforma Agraria promulgada por el Congreso de la República el 5 de marzo
de 1960.
Segunda
Se deroga el Reglamento de la Ley de Reforma Agraria, publicado en la Gaceta Oficial N° 1.089
Extraordinario de fecha 02 de marzo de 1967, el Reglamento Sobre Regularización de la
Tenencia de la Tierras, publicado en la Gaceta Oficial N° 31.809 de fecha 29 de agosto de 1979,
y cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior jerarquía que se opongan a la presente
Ley.
Tercera
Se deroga la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, publicada en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N° 3.015 Extraordinaria del 13 de septiembre de 1982.
Disposiciones Finales
Primera
El procedimiento ordinario agrario comenzará a aplicarse a partir de la entrada en vigencia de
esta Ley.
Segunda
El Tribunal Supremo de Justicia por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura
quedará encargada de crear y dotar los Juzgados de Primera Instancia con competencia en
materia agraria que fueren necesarios para el eficiente ejercicio de la jurisdicción especial
agraria, regulada Título V de la Presente Ley. Dichos tribunales conocerán exclusivamente de
dicha competencia material.
Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios, además de conocer en alzada de los juicios
ordinarios entre particulares en materia agraria, conocerán igualmente del contencioso
administrativo y demandas contra los entes agrarios, de conformidad con lo establecido en el
Capítulo II del Título V de la presente Ley.
Tercera
Se suprime la Procuraduría Agraria Nacional. Las funciones de defensa del campesino y
campesina serán ejercidas por la Defensoría Especial Agraria que al efecto creare o designare
la Defensa Pública. Dichos defensores y defensoras estarán igualmente facultados y facultadas
para interponer demandas y toda clase de actuaciones judiciales y extrajudiciales, así como
prestar asesoría legal o cualquier otra actividad de apoyo jurídico a los intereses del campesino
y campesina.
Cuarta
La interpretación y ejecución de los contenidos de las normas de la presente Ley, estarán
sometidas al principio constitucional de seguridad y soberanía nacional, y privarán sobre
cualquier otra disposición sustantiva o adjetiva que verse sobre la materia.
Quinta
Los Registradores, Registradoras y Notarios exigirán solvencia de los impuestos previstos en
esta Ley sobre las respectivas tierras, así como la certificación de finca mejorable o de finca
productiva según el caso, a los fines de la protocolización u otorgamiento de cualquier
documento que sea presentado sobre el inmueble ubicado dentro de las tierras con vocación
de uso agrario.
Sexta
Se crea la Gaceta Oficial Agraria como órgano divulgativo agrario, cuya edición estará a cargo
de la Imprenta Nacional.
Séptima
La Gaceta Oficial Agraria se publicará en días hábiles sin perjuicio de que editen números,
extraordinarios si fuera necesario y deberán insertarse en ella todos los actos que requieran
publicación de conformidad con esta Ley. Las ediciones extraordinarias tendrán una
numeración especial continua.
Los actos publicados en la Gaceta Oficial Agraria tendrán carácter de públicos, cuyos
ejemplares tendrán fuerza de documento público. Esta disposición deberá insertarse en el
encabezamiento de todas las ediciones de la Gaceta Oficial Agraria.
Octava
El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, con fines de política fiscal,
económica y de desarrollo del sector y de acuerdo con la situación coyuntural, sectorial o
regional, podrá exonerar total o parcialmente del pago de tributos los enriquecimientos
obtenidos por los sectores y actividades, vinculados directamente con la actividad
agropecuaria y cualquier otra actividad de explotación de la tierra, así como las importaciones
de maquinarias, equipos, tecnologías e insumos destinados directamente a la misma.
Sólo podrán gozar de los beneficios tributarios previstos en este artículo, quienes durante el
período de su aplicación den estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Ley,
su Reglamento y Decreto que las acuerde.
Novena
Se insta a los ciudadanos y ciudadanas aptos para el trabajo agrario, a acogerse a los
Instrumentos de participación campesina y los procedimientos establecidos en la presente Ley.
Así mismo a todas aquellas personas que posean inmuebles propiedad del Instituto Agrario
Nacional (IAN), deberán participar de dicha posesión al Instituto Nacional de Tierras (INTI).
Décima
Los Registradores y Notarios exigirán las autorizaciones previstas en esta Ley, y no podrá
protocolizarse, reconocerse o autenticarse por ante Notaría u Oficina de Registro Público
alguna, sin la debida autorización del Instituto Nacional de Tierras (INTI), ningún acto de
transferencia de la propiedad o gravamen de tierras con vocación agrícola o bienhechurías
fomentadas en dichas tierras, o mediante los cuales se efectúe la constitución de sociedades,
celebración de contratos de mandato, arrendamiento, comodato, cesión de derechos,
medianería, aparcería, usufructo o, en general, cualesquiera documentos o negocios jurídicos,
que impliquen el aprovechamiento de predios rurales con vocación agrícola de forma
indirecta.
Décima primera
La presente Ley entrará en vigencia, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en
Caracas, a los diecisiete días del mes de junio de dos mil diez. Año 200º de la Independencia y
151º de la Federación.
CILIA FLORES
Presidenta de la Asamblea Nacional
DARÍO VIVAS VELASCO
Primer Vicepresidente
MARELIS PÉREZ MARCANO
Segunda Vicepresidenta
IVÁN ZERPA GUERRERO
Secretario
VÍCTOR CLARK BOSCÁN
Subsecretario
Promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, de Conformidad con lo previsto en el
artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil diez. Años
200º de la Independencia, 151º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
(L.S.)
HUGO CHÁVEZ FRÍAS
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo, ELÍAS JAUA MILANO
La Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, MARÍA ISABELLA GODOY PEÑA
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, TARECK EL AISSAMI
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, NICOLÁS MADURO MOROS
El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, JORGE GIORDANI
El Ministro del Poder Popular para la Defensa, CARLOS JOSÉ MATA FIGUEROA
El Ministro del Poder Popular para el Comercio, RICHARD SAMUEL CANÁN
El Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería, JOSÉ SALAMAT KHAN
FERNÁNDEZ
El Ministro del Poder Popular para el Turismo, ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA
El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, JUAN CARLOS LOYO HERNÁNDEZ
El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, EDGARDO RAMÍREZ
La Ministra del Poder Popular para la Educación, JENNIFER JOSEFINA GIL LAYA
La Ministra del Poder Popular para la Salud, EUGENIA SADER CASTELLANOS
La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, MARÍA CRISTINA IGLESIAS
El Ministro del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones, FRANCISCO JOSÉ GARCES DA
SILVA
El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA
El Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO
El Ministro del Poder Popular para el Ambiente, ALEJANDRO HITCHER MARVALDI
El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, RICARDO JOSÉ
MENÉNDEZ PRIETO
El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MAURICIO EDUARDO
RODRÍGUEZ GELFENSTEIN
La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, ISIS OCHOA CAÑIZÁLEZ
El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, CARLOS OSORIO ZAMBRANO
El Ministro del Poder Popular para la Cultura, FRANCISCO DE ASÍS SESTO NOVAS
El Ministro del Poder Popular para el Deporte, HÉCTOR RODRÍGUEZ CASTRO
La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, NICIA MALDONADO MALDONADO
La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, NANCY PÉREZ SIERRA
El Ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, ALÍ RODRÍGUEZ ARAQUE
El Ministro de Estado para la Banca Pública, HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DÍAZ